El Ministerio de Juventud e Infancia, después de varios meses lidiando con las trabas del Partido Popular, ha cerrado la tabla con las cifras de la distribución de menores migrantes no acompañados que deberán asumir las comunidades autónomas. El Gobierno central, si se cumplen sus estimaciones, comenzará durante este verano el traslado paulatino de un máximo de 3.975 niños, niñas y adolescentes sin amparo familiar que mantienen colapsada la red de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. Según los cálculos, a los que ha tenido acceso La Vanguardia, Catalunya —al igual que Euskadi, debido al esfuerzo previo realizado— no estará obligada a acoger ningún menor de la lista, pero asumirá la tutela de 31 de estos menores migrantes de manera totalmente voluntaria. Al otro lado de la moneda, Andalucía y la Comunidad de Madrid serán las regiones que más niños y adolescentes deberán integrar en sus sistemas, con 677 y 647, respectivamente.
La cifra total de la distribución se ha reducido considerablemente. A pesar de que en un principio el cómputo global de traslados se situó en 4.400 —4.000 procedentes de Canarias y 400 desde Ceuta—, finalmente el dato se queda en 3.975. Y aún podría reducirse más. Por dos razones: una, por los adolescentes que cumplan la mayoría de edad antes de que se lleven a cabo los traslados y dos, por el acuerdo acordado —con orden del Tribunal Supremo mediante— por el que el Gobierno central se compromete a incorporar en su red de protección internacional a casi un millar de menores solicitantes de asilo. El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha convocado la Comisión Sectorial paral próximo martes 8 de julio con el fin de abordar con las comunidades autónomas las cifras del reparto. De nuevo, se avecina una reunión de alta tensión debido a la oposición al reparto por parte de las regiones lideradas por el Partido Popular.
Tras el aval del Congreso de los Diputados —gracias a la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez— a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, se puso en marcha la maquinaria para llevar a cabo el reparto que se convertía en obligatorio por ley. La clave, que ha dado más dolores de cabeza de los previstos al Gobierno, era establecer la capacidad ordinaria de acogida de comunidad; los menores que debido a la población de cada región debían acoger. Pero para eso era necesario saber antes el número total de menores migrantes no acompañados que se encuentran en España. Y en este punto fue cuando regiones del Partido Popular: Aragón se negó a entregar datos y la Comunidad de Madrid ofreció cifras confusas. Las primeras proyecciones pronosticaban que casi todas las comunidades, salvo casos contados como Catalunya, Eusdaki y Baleares, tenían en su red de acogida menos menores de los que les correspondería según su población. Y esos pronósticos se han cumplido.
Andalucía, que encabeza la lista de menores a acoger, informó de que contaba con 2.968 niños y adolescentes sin amparo familiar en su red de acogida, pese a que su capacidad ordinaria se ha cifrado en 2.827. El Ministerio le obligará a hacerse cargo de 677 menores. Madrid deberá asumir 647. La siguiente región, también gobernada por el Partido Popular, es la Comunidad Valenciana con 571 adolescentes migrantes. Le sigue Galicia con 317. Castilla- La Mancha, que se ha sumado a la ofensiva judicial del PP con un recurso de inconstitucionalidad, tiene otorgados 320 traslados.
La aplicación de criterios y reducción del número total de traslados ha provocado que dos territorios se encuentren con sus sistemas de acogida tensionados —Catalunya y Euskadi— y por tanto, debido al esfuerzo previo realizado durante los últimos años, no tengan inicialmente ninguna acogida que realizar. A pesar de ello, de forma voluntaria, Catalunya ha anunciado su intención de acoger, como mínimo, el mismo número de niños, niñas y adolescentes que en anteriores campañas de acogida, es decir, 31. Al terminar los traslados, Catalunya será la comunidad con mayor número de niños, niñas y adolescentes en su sistema, con una importante diferencia respecto a las siguientes.
En cuanto a la financiación, todos los traslados serán sufragados por el Ministerio de Juventud e Infancia, tal y como informó su titular al término de la última Conferencia Sectorial. Asimismo, el Estado sufragará los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses de todas las personas que sean trasladadas. Además de ello, el ministerio compensará económicamente la sobre ocupación ordinaria de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid. De esta forma, las CCAA que recibirán más financiación son Canarias, Madrid y Andalucía.
