El bloqueo a que se apruebe una nueva ley del Suelo está teniendo consecuencias negativas para los ciudadanos que buscan una vivienda. Ya son dos los intentos frustrados en el Congreso de los Diputados para intentar introducir una norma que, según coinciden empresarios y expertos, aportaría su granito de arena para intentar caminar hacia la solución del problema de oferta inmobiliaria. La derivada de esta falta de acuerdo es la paralización de los planes generales de ordenación urbana, que contienen la regulación básica de los municipios para que puedan creer y, por tanto, generar una mayor promoción de vivienda. Más de cien localidades sufren esta parálisis y ven cómo les resulta imposible avanzar.
Los ayuntamientos cuentan con un obstáculo insalvable que les impide diseñar nuevos planeamientos urbanísticos y adaptarse a las necesidades del 2025. El problema es que los tribunales entienden que los planes urbanísticos actuales tienen naturaleza reglamentaria y que si se presenta un recurso, aunque sea parcial, y se estima, se declara la nulidad en cascada de todo el proyecto.
Esta realidad afecta a todo el país y provoca que algunos planes estén totalmente obsoletos. El de Barcelona, por ejemplo, data del 1976, y el de Madrid, de 1997. Así que hay varios municipios que quieren crecer y que, por un recurso, tienen paralizado su planeamiento urbanístico.
En este momento, todas las comunidades autónomas sufren este bloqueo. Según datos recopilados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos años los tribunales han anulado los proyectos de Tarragona y Vic, por citar dos ejemplos en Catalunya; de Marbella y Torremolinos, en Andalucía; de Gijón y Llanes, en Asturias; de Eivissa, en Baleares; de Las Palmas, de Santander, de Toledo, de Madrid (de forma parcial), de Ourense, Vigo, Cartagena, San Sebastián (parcialmente también), Castellón y Denia. Así hasta más de un centenar de planes paralizados, un listado que engorda aún más si se suman los ayuntamientos pendientes de una sentencia judicial.
Durante el 2024 se finalizaron 97.837 inmuebles, un dato aún insuficiente para la elevada demanda
La consecuencia de esta paralización es evidente: las viviendas que se necesitan, bien a precio libre o de protección oficial, no se pueden construir. La falta de suelo, de hecho, es una de las principales preocupaciones de los promotores que sondean el mercado en busca de las mejores manzanas. La construcción de vivienda nueva intentar carburar, pero sigue siendo escasa para hacer frente al aumento de los hogares. En el 2024 se produjo un aumento de las certificaciones de fin de obra, con 97.837 viviendas finalizadas. Fueron 10.272 más que en el 2023. El dato revierte la tendencia negativa del 2023 y del 2022. Aun así, la escasez de oferta hace imposible atender a la elevada demanda.
Además, la obsolescencia de planes urbanísticos provoca que los que están en vigor no tengan en cuenta los avances en materia climática y social que se han producido en los últimos años. Es decir, hoy en día existe una legislación y unos criterios urbanísticos a los que los ayuntamientos deberían adaptarse. Un ejemplo: solo 11 de los 78 municipios de la Comunidad Valenciana afectados por la dana tenían un planeamiento adaptado a la normativa del 2007, que estableció la obligación de incorporar mapas de riesgos.
Solucionar este cuello de botella con el suelo solo tiene una vía: aprobar una nueva ley. Es de imperiosa necesidad, coinciden en señalar los ayuntamientos, que llevan tiempo reclamándolo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los empresarios.
En esta legislatura ha habido dos intentos de intentar negociar una ley del Suelo, y los dos han fracasado. El último, esta misma semana, cuando el Congreso rechazó la tramitación de una propuesta del PNV. La división no solo es entre PSOE y PP, sino que también existe entre Sumar y los socialistas. Los populares han presentado su propia ley del suelo, pero el PSOE no tiene intención de apoyarla. El bloqueo es total.
El utópico pacto de Estado
El problema de no poder desarrollar nuevas promociones es que la vivienda asequible también se ve afectada. Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Apce, remarca que “en torno al 40% de la vivienda de los planteamientos bloqueados es de protección oficial”. Los más necesitados de un techo son, por tanto, los perjudicados. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha intentado mediar entre PSOE y PP, reuniéndose con cada uno, pero su esfuerzo ahora ha sido en vano. Les reclama “un pacto de Estado para empezar a plantear soluciones ante la que ya es la principal preocupación de los españoles”. Y destaca que “en las propuestas de los principales partidos hay más similitudes que discrepancias”. Les pide “bajar las espadas políticas”.
