El sector turístico en el Estado español ha mostrado resultados altamente positivos durante 2024, tal y como se refleja en el estudio Información financiera y no financiera en el sector del turismo en España, publicado por el Consejo General de Economistas. Este informe destaca la sólida contribución del turismo al Producto Interior Bruto estatal, representando alrededor del 12% del mismo y generando empleo para el 13% de la fuerza laboral del país. Además, el sector ha sido esencial en la recuperación después de la pandemia, consolidando a España y Catalunya como uno de los principales destinos turísticos mundiales.
Los resultados favorables observados han permitido establecer pronósticos optimistas para el futuro inmediato, estimándose un crecimiento del PIB turístico del 3,6% para 2025, tras un robusto 6% previsto para 2024. Estas cifras indican que el turismo puede crecer por encima de la media general de la economía española. Asimismo, se espera que el turismo doméstico registre un ligero incremento del 1,2% en 2025 frente al 0,8% en 2024, mientras que el turismo internacional podría crecer hasta un 4,5%. En ese contexto favorable, el PIB turístico representaría el 13,2% del total nacional para este año. Catalunya representa el 25% de este PIB, y su contribución es, por tanto, muy relevante.
Estos datos refuerzan la importancia del sector turístico como motor económico clave para Cataluña, ayudando a afrontar los desafíos estructurales derivados del contexto socioeconómico actual y del crecimiento poblacional. Sin embargo, ante este escenario de recuperación y crecimiento, llama la atención la propuesta planteada hace menos de un mes por el Govern de la Generalitat, impulsada por En Comú Podem. Esta iniciativa tramitada a través de un decreto de ley propone duplicar el impuesto turístico actual, elevando la tarifa de alojamiento de 3,5 a 7 euros por noche en Barcelona y de 3 a 6 euros en el resto de Catalunya. Además, los municipios catalanes tendrán la opción de aplicar recargos adicionales, pudiendo aumentar el impuesto hasta un máximo de 15 euros por noche. Esta medida genera inquietud desde un punto de vista económico, ya que uno de los principales atractivos turísticos de Catalunya reside precisamente en su competitividad en precios, con una alta calidad, frente a otros destinos europeos.
Cola de turistas bajo la lluvia para acceder a la catedral de Barcelona.
La resiliencia del turismo en Catalunya no es eterna. De hecho, datos recientes muestran ya caídas en la ocupación hotelera en Barcelona desde el verano que se mantienen en este primer trimestre del año. Pero, más allá de la ciudad de Barcelona, esta medida también afecta al turismo del resto de Catalunya que compite en inferioridad de condiciones frente a otros destinos españoles donde el impuesto turístico no existe, y, por supuesto, no se duplicará por “decreto”.
Según el último Panorama de la fiscalidad autonómica y foral , elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, presentado este mismo mes, Catalunya es ya la comunidad autónoma que más tributos propios posee y la que más recauda por esta vía. Incrementar aún más la presión fiscal podría perjudicar a la imagen del país ante potenciales inversores y visitantes, frenando las aportaciones necesarias para mantener su liderazgo.
La justificación del Govern para esta subida se basa en la obtención de mayores ingresos debido al buen comportamiento reciente del sector, pero esta decisión parece no considerar plenamente sus posibles efectos negativos. Entre ellos destacan el encarecimiento del coste para el turista, también para el doméstico, y la reducción de la competitividad frente a otras ciudades europeas (donde, por ejemplo, en París se cobra un impuesto máximo de 8,15 euros, y en Roma, de 7,50 euros), así como un eventual deterioro de la conectividad aérea y un impacto negativo en el turismo familiar y local. Con los cambios propuestos, Barcelona se convertirá en la ciudad con mayor imposición fiscal para sus alojamientos.
Es esencial reflexionar sobre si una medida de esta naturaleza, aunque supuestamente bien intencionada desde el punto de vista recaudatorio, podría suponer un riesgo innecesario, afectando negativamente al turismo como sector estratégico y frenando su potencial crecimiento en el futuro inmediato. Ante una imposición por decreto, es necesario abrir la puerta al diálogo con el sector y los municipios catalanes. Nos jugamos mucho por actuar olvidando la reflexión previa necesaria.
