El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha advertido de que la ley de amnistía puede derogarse, pero que esa decisión no tendría efectos sobre las personas que ya se han beneficiado de ella. Una semana después de que el órgano de garantías avalara la aplicación de la amnistía, el presidente del TC ha respondido que una eventual derogación de la norma, anunciada por PP y Vox, no tendría ninguna consecuencia para quienes ya hubieran visto extinguida su responsabilidad penal.
“Todas las leyes pueden ser derogadas, pero el efecto que produce una derogación nunca puede ser retroactivo. Si una ley de amnistía es un instrumento de extinción de la responsabilidad penal, la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita. No puede resucitar una responsabilidad penal ya extinguida”.
Así lo ha expresado Conde-Pumpido en una conversación mantenida en Foros de Vanguardia, que organiza la cabecera del Grupo Godó. El acto ha sido moderado por los periodistas Ramon Rovira, adjunto a la presidencia y director de Relaciones Institucionales y Comunicación del Grupo Godó; la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, y el coordinador de El món a RAC1, Jordi de Planell.
El Tribunal Constitucional dictó sentencia el pasado 6 de octubre, validando el encaje en la Carta Magna de la ley de amnistía después de las reservas expresadas por el Tribunal Supremo, que paralizó su aplicación durante cerca de tres años al entender que la actuación de los líderes del procés podía encajar en una de las excepciones previstas para el delito de malversación.
Tras el fallo del TC, su presidente espera que el Supremo aplique la norma. “Solo nos queda que el Supremo aplique esta ley, la extienda al resto de afectados y se cierre la causa judicial del procés”, ha subrayado Conde-Pumpido, al tiempo que ha destacado que la sentencia despeja el camino para el retorno de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
La decisión queda ahora en manos del Supremo, pero el presidente del TC no se ha atrevido a poner una fecha para la resolución sobre la aplicación de la amnistía y la consiguiente extinción de la responsabilidad penal del expresident, aunque cree que no tardará demasiado. “Es una cuestión de semanas, pero cada tribunal tiene su ritmo. No soy profeta, soy magistrado”, ha apostillado.
En su sentencia, el Tribunal Constitucional concluyó que el Supremo hizo una interpretación errónea de la excepción prevista en la ley para el delito de malversación. El alto tribunal ordinario consideró que los dirigentes independentistas se habían beneficiado económicamente al organizar con fondos públicos el referéndum del 1 de octubre de 2017, al evitar asumir esos costes con recursos propios.
