Mientras China, Canadá y México responden al proteccionismo descarnado de Trump, y Bruselas se piensa la mejor manera de hacerlo, el Reino Unido ha decidido por ahora poner la otra mejilla, a ver si de esa manera los tortazos que recibe no son tan gordos (se ha llevado aranceles del 10%, la mitad que las de la UE). Los funcionarios del gobierno Starmer están negociando a toda prisa un tratado comercial con Estados Unidos que ayude al país a parar el golpe.
Pero Trump no regala nada, y entre las cosas que ha exigido a Londres a cambio del acuerdo comercial es “el respeto a la libertad de expresión en el Reino Unido”, que desde su particular punto de vista consiste en no poner ningún tipo de cortapisas a las organizaciones pro vida que hacen campaña contra el aborto, a quienes denuncian la cultura woke (de inclusión y diversidad), critican a Hamas y defienden a Netanyahu, ya sea en las calles o en el ámbito universitario.
Pero en un país con auténtica separación de poderes, el Ejecutivo no controla los tribunales, y un juez inglés ha encontrado culpable y multado con 24.000 euros a una activista pro vida que se instaló delante de una clínica de planificación familiar de la ciudad de Bournemouth para disuadir a las mujeres que acudían con la intención de abortar. Livia Tossici-Bolt, había recibido una orden de las autoridades locales de no hacer su campaña en las inmediaciones del centro para no intimidar o influir en la decisión de nadie (“Aquí para hablar contigo si quieres”, decía la pancarta que mostraba).
El caso habría pasado desapercibido de no ser porque la Administración Trump lo ha puesto como un ejemplo de que no hay auténtica libertad de expresión en el Reino Unido, y condicionado la relación comercial con Londres a su desenlace. La mujer pertenece a un grupo llamado Alianza para la Defensa de la Libertad, sucursal británica de una organización conservadora de Estados Unidos del mismo nombre, que ha donado más de un millón y medio de euros a su campaña antiabortista, y le paga un sueldo de 120.000 euros anuales. Una delegación del Departamento de Estado norteamericano vino hace poco para mostrarle su respaldo.
El juez ha dejado claro en su sentencia que no entra para nada a opinar si el aborto está mal o bien, sino en la violación por la activista de la orden administrativa por la que no podía hacer su campaña a las puertas de la clínica, una especie de zona de exclusión para proteger a las mujeres que van a poner fin a sus embarazos, y al personal del establecimiento (a raíz de que fueran hostigados por antiabortistas en más de quinientas ocasiones).
Mientras Washington critica esa zona de exclusión como un amordazamiento de las opiniones pro vida, las autoridades de inmigración de EE.UU. detuvieron y deportaron el mes pasado a un científico francés por llevar en su móvil mensajes críticos a la política de Trump, y el Foreign Office británico ha advertido de los riesgos de viajar a ese país..
