El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha avisado hoy por carta a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, tenedores de unas 100.000 viviendas en alquiler, de que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.
Este deber de prórroga surge de la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas urgentes en materia de alquiler por la situación internacional en Consejo de Ministros, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de marzo.
Así, el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato caduque entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
En la carta se informa a las empresas de que, tras la aprobación del decreto, la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario . Las medidas afectan directamente a los arrendamientos de vivienda habitual, sector en el que operan estas inmobiliarias, por lo que se les recuerda “la obligación de cumplir estas normas según lo aprobado en el Real Decreto-ley”. Este decreto por el momento no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha explicado que se ha enviado la carta para que “impere la claridad y se garantice el derecho de más de dos millones de compatriotas a prorrogar sus contratos” y a ver topadas las actualizaciones de sus rentas. “Frente a campañas del miedo y argumentos interesados que han puesto en marcha en estos días los lobbys inmobiliarios”, el ministerio de Consumo va a hacer todo lo que pueda para que el mayor número posible de inquilinos soliciten la prórroga de sus contratos y “quiero animarles una vez más a que lo hagan”, ha dicho el ministro.
Además, se ha mostrado convencido de que si los inquilinos se movilizan y solicitan la prórroga “vamos a ganar la votación en el Congreso de los Diputados”. Y es que es “absolutamente imposible” que la derecha española pueda justificar votar en contra de este decreto, que afecta a personas de todas las convicciones políticas y de todas las zonas de España.
Según ha recordado Bustinduy, el decreto también protege los intereses de los propietarios, que pueden seguir percibiendo sus rentas “con total normalidad” y “con una actualización del 2%”, lo que les aporta “estabilidad y certidumbre para los próximos años”.
Bustinduy ha insistido, asimismo, en dirigirse al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras la convocatoria de elecciones en Andalucía, al que ha recordado que hay 360.000 andaluces cuyos contratos de alquiler expiran este año y el que viene, y le ha preguntado si ya le ha pedido al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que no vote en contra de este decreto ley.
Y preguntado por Junts, ha asegurado que el Gobierno negocia con todos los grupos y que la puerta está abierta. “Vamos a atender todas las sugerencias, las dudas y las aportaciones” y tenemos dos semanas por delante para conseguirlo.
