El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a dos plataformas que publicitan viviendas de uso vacacional a que retiren 8.318 anuncios fraudulentos de alojamientos turísticos que se ofertan como alquiler de temporada.
El ministerio, que no identifica las plataformas, ha detectado que estos anuncios son ilícitos porque los arrendatarios permiten reservas por menos de 31 días, que es la duración mínima que deben tener los de temporada, según establece la ley de Arrendamientos Urbanos, modificada recientemente por el Real Decreto-ley 29/2026 aprobado el pasado 6 de octubre en Consejo de Ministros.
Una potencial infracción que se ha detectado especialmente en la Comunidad de Madrid, ya que la mayoría de estos anuncios que estarían incumpliendo la ley, 6.772 en total, corresponden a alojamientos situados en esta autonomía. De esos 6.772, la inmensa mayoría, 6.523, están en la ciudad de Madrid.
La dirección general de Consumo considera que estos anuncios “podrían suponer una práctica de comunicación desleal por engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47” de la actual ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Una vez informadas por Consumo, estas plataformas pasarían a tener la responsabilidad directa sobre estos anuncios, según establece la normativa europea. Y en caso de no retirar esta publicidad o de bloquear su acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente.
Este nuevo requerimiento por parte de Consumo a plataformas que ofertan alquiler de alojamientos se enmarca en las actuaciones emprendidas por parte del ministerio que dirige Pablo Bustinduy para poner fin a las prácticas ilegales que están contribuyendo a la crisis de vivienda en España.
Con este objetivo, Consumo ya sancionó con 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, y que supuso la retirada de más 65.000 anuncios en este portal. Y, así mismo, otra plataforma, Booking, retiró más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley tras un requerimiento oficial de Consumo.
Por otra parte, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy impuso una sanción de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. En esta ocasión, Consumo identificó seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave por vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado.
Y por prácticas similares, Consumo mantiene abierto un expediente a otra gran inmobiliaria que también alquila miles de inmuebles en toda España.
