Nueva medida para bloquear la entrada de llamadas comerciales intrusivas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 incluirá una enmienda en la ley de Servicios de Atención a la Clientela que obligará a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas comerciales no consentidas, según explicaron fuentes del ministerio a La Vanguardia .
Las conocidas llamadas spam buscan comunicar un producto o servicio a un cliente desprevenido que no lo ha solicitado y forzar su adquisición en ese mismo momento. Son altamente molestas y generan muchas quejas entre los usuarios. Estas comunicaciones aleatorias están prohibidas, en teoría, desde hace dos años por la ley de las Telecomunicaciones. Sin embargo, las empresas se agarran a lagunas legales tales como la aceptación de cookies en su web, por ejemplo, o un consentimiento otorgado hace años en un contrato ya vencido para seguir insistiendo a los usuarios para que contraten los servicios.
Los contratos cerrados en las comunicaciones no consentidas serán declarados nulos
El ministerio forzará con esta enmienda a las empresas que incluyan, en sus números comerciales, un código numérico específico que permita al usuario identificar la llamada como tal y que los distinga de las llamadas de servicios de atención al cliente, que llevarán otro código numérico específico diferente. Todas las llamadas de empresas a usuarios que no lleven códigos identificativos se considerarán intrusivas o spam y las compañías telefónicas tendrán que bloquearlas.
Pero además, Consumo introducirá otra enmienda en el mismo texto legal para declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas, de modo que el estímulo para seguir realizando estas prácticas desaparezca casi por completo. Y por último, en este mismo paquete de medidas, forzará a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas, de modo que no se puedan aferrar a firmas antiguas para mantener las prácticas.
Estas enmiendas se suman a las introducidas la semana pasada en la ley y que implican poner fin a la renovación automática de suscripciones electrónicas como aplicaciones móviles; la obligación para las empresas de venta de entradas y otros servicios de incluir los gastos de gestión en el precio final del producto, y la prohibición de las reseñas falsas en internet,
