El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230 prepara una regulación para que las empresas que utilizan algoritmos en la formación de sus precios (según alta demanda, por ejemplo) o en su publicidad expliquen claramente los elementos que incluyen en estas variaciones. Consumo obligará a que los parámetros que usan estos algoritmos “sean transparentes y accesibles para las personas consumidoras”, ha explicado en un comunicado.
El ministro Pablo Bustinduy ha anunciado hoy esta nueva normativa y ha explicado además que se prohibirá que cualquiera de estos parámetros sea “discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad”.
Consumo prohibirá que cualquiera de estos parámetros sea “discriminatorio”
Así, las empresas no podrán variar los precios que se personalicen de forma automática durante todo el proceso de compra, con el objetivo de “evitar que las personas consumidoras sientan la presión de tomar decisiones apresuradas por la incertidumbre de las variaciones”, por incrementos de la demanda, por baja batería en el móvil u otras circunstancias.
¿Qué implicará la nueva regulación?
El caso más ilustrativo de lo que implica la nueva norma es el servicio de transporte por coche que fija los precios de forma dinámica, es decir, con precios que varían. En este supuesto, la empresa que ofrece este servicio tendrá que ofrecer una información clara al usuario de cómo se ha formado el precio que se le muestra. Es decir, el usuario podrá conocer en base a qué parámetros se ha fijado ese precio, si ha sido por la distancia hacia el destino, por la hora del viaje, por la frecuencia con la que realiza ese trayecto o por la concurrencia de eventos masivos en la ciudad en la que se encuentre…
Además, se prohibirá que el precio del viaje se fije por razones discriminatorias, como, por ejemplo, que la persona usuaria tenga una discapacidad, o por su perfil racial. El precio tampoco se podrá fijar en base a una situación de emergencia o de necesidad para el usuario, como que le quede poca batería en el móvil, por ejemplo.
El usuario podrá conocer en base a qué parámetros se ha fijado ese precio
Estas medidas continúan el trabajo realizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo durante la DANA del pasado mes de octubre que causó importantes daños en buena parte del país, especialmente en la Comunidad Valenciana. En esa ocasión, el departamento que lidera Bustinduy prohibió que la personalización de precios derivara en incrementos de precios cuando se producían picos de demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad.
“Ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos”, ha declarado Pablo Bustinduy, y ha añadido que resulta necesario democratizar las relaciones económicas, “construyendo alternativas, con el objetivo de llegar a tener intercambios justos, transparentes y en igualdad de condiciones”. Así lo ha manifestado Bustinduy en el acto «Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital» celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras.
Por otro lado, el ministro ha puesto el foco en las relaciones de consumo que se establecen en los entornos digitales, insistiendo en que debe garantizarse la transparencia dentro de este ámbito y el derecho de las personas consumidoras a una información clara y veraz.
