España está lejos de ser la economía más damnificada en caso de que el próximo 1 de agosto se materialice la amenza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles del 30% a Europa, que se traduciría en una media efectiva del 19,7%.
Pese a ello, el impacto si la Unión Europea fracasa en las negociaciones que está manteniendo no será desdeñable para nuestro país. En concreto, las empresas exportadoras españolas podrían llegar a tener una exposicion de 22.700 millones de euros del total de 380.000 millones de euros que tendrá que asumir el conjunto de la UE, según explicó ayer el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una comparecencia de casi cinco horas ante la comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
De esos 22.700 millones, 15.100 corresponderían al impacto directo en las empresas exportadoras. Los otros 7.600 millones serían por el impacto indirecto en empresas españolas que, aunque no exportan directamente a Estados Unidos, sufrirían este efecto.
Aunque a nivel agregado esta exposición en términos relativos sea menor a la de otros socios europeos, la heterogeneidad entre sectores es muy alta. Es el caso del aceite de oliva, cuyo volumen de exportaciones a Estados Unidos supera los 1.000 millones. “Es un volumen elevado, el mayor en términos de exportaciones, y una exposición ligeramente por debajo del 20% de total de sus exportaciones a Estados Unidos”, precisó el ministro.
A esos cálculos habría que añadir “un potencial impacto en los precios, así como una mayor incertidumbre, con un retraso en las decisiones de consumo y de inversión por parte de hogares y empresas”, apuntó Cuerpo.
La UE mantiene la política de “mano tendida” a EE.UU. pero trabaja al tiempo para paliar el impacto
Por todo ello, además de “la política de mano tendida” que la Unión Europea va a mantener hasta el último minuto para evitar la materialización de la amenaza, en Bruselas se trabaja también en un plan B, que contempla “medidas de reequilibrio, propositivas y la búsqueda de nuevos socios comerciales y ayudas directas”.
Entre estas medidas, el ministro de Economía se refirió a dos paquetes de reequilibrio de aranceles a productos estadounidenses, por valor de 93.000 millones de euros, que estarían listos para principios de agosto, en cumplimiento con la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A ello se suma la ampliación de la red de socios estratégicos y comerciales en la que la Unión Europea ha venido trabajando en los últimos meses para reforzar su posición como defensora del comercio internacional basado en reglas. Entre estos movimientos hay acuerdos como el del Mercosur, que se presenta como una “oportunidad extraordinaria” para cubrir el impacto en sectores sensibles como el aceite de oliva o el vino, y para la autonomía estratégica en minerales críticos. También se ha logrado el cierre político de negociaciones con Indonesia.
Se trabaja también en acciones para una mayor integración del mercado interior europeo, aprovechando el potencial de 450 millones de consumidores. “Estudios del FMI cifran que la consecución del mercado interior en bienes equivaldría a una reducción de más del 40% de los aranceles”, recordó Cuerpo.
También se plantea “un fondo y medidas de ayuda y apoyo para los sectores y empresas afectadas, propuesto en la última reunión de ministros de comercio comunitarios, para demostrar que la pertenencia a la Unión Europea protege y ayuda frente al conflicto arancelario”.
Cuerpo dedicó parte de su intervención a defender la decisión del Gobierno de imponer condiciones adicionales a la opa del BBVA sobre Banc Sabadell para asegurarse de que las sinergias de la operación garanticen el interés general y no se basen exclusivamente en despidos de personal y cierre de oficinas.
El ministro señala que garantizar el interés general en la opa sienta un “precedente” para futuras operaciones
“Lo que pone de manifiesto la decisión del BBVA de seguir adelante con esta operación es que efectivamente puede generarse un valor para los accionistas privados de ambas entidades, sin que se vea perjudicado el interés general”, señaló el ministro. También añadió que en esta posición del Ejecutivo español se ve “la creación de un precedente para generar valor sin dañar el interés general” de cara a los criterios a aplicar en la nueva ola de fusiones por la que apuesta la UE en todas las áreas, más allá de sector financiero.
