
Con problemáticas en vivienda similares y urgentes, Catalunya y País Vasco fueron ayer de la mano para presentar a Bruselas diez medidas para el Plan Europeo de Vivienda Asequible, en fase de consulta pública. Entre otras propuestas, la consellera d’Habitatge catalana, Sílvia Paneque, y su homólogo en el Gobierno vasco, el Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, proponen fondos estructurales para financiar la construcción de vivienda asequible y marcos fiscales flexibles para que el desembolso no penalice en la regla de gasto.
Itxaso (San Sebastián, 1975) es un firme defensor de intervenir en el mercado, sea con topes al alquiler, a la vivienda turística o con un impulso decidido a la vivienda protegida, en la que prima el arrendamiento, como marca la ley vasca. Ayer atendió a La Vanguardia antes de presentar las medidas.
El País Vasco lleva más años con el despliegue de vivienda protegida y el alquiler social, pero los problemas son los mismos…
Hemos transitado el camino correcto, pero no ha sido suficiente porque la dimensión del problema ha cambiado. Tenemos casi 18 pisos protegidos por cada 1.000 habitantes, el triple que en el resto de España. El 31% de las viviendas constituidas en Euskadi desde 1981 son protegidas. A pesar de estas cifras, la demanda nos ha superado. Los cambios sociales, los demográficos y el incremento de demanda no los hemos visto venir. Nuestra capacidad de construcción no está a la altura de la creación de hogares, como en toda Europa. Pero disponer de suelo en Euskadi es un objeto de deseo. Tenemos poco en el entorno metropolitano. Luego, los trámites tienen una lentitud exasperante. El periodo de maduración de una vivienda ronda los 8 años. Un vía crucis. Luego para invertir a la altura de la demanda se necesitan muchos fondos y mecanismos de financiación como los que pedimos ahora a Bruselas.
La demanda nos ha superado, hay cambios sociales y demográficos que no vimos venir”
¿Si no se ha conseguido eliminar el problema qué toca ahora?
Nos planteamos intervenir en el mercado con vivienda protegida en alquiler a otra escala. Hablo de suelos, de financiación y hablo de desarrollos mucho más intensivos, con más densidad. Estamos ante la gran posibilidad de que Europa actúe también y adopte capacidades financieras al servicio de las regiones. También impulsamos una tramitación exprés para reducir plazos al 50%. Y queremos dotar un fondo social de inversión en vivienda, con el BEI, el ICO, el Instituto Vasco de Finanzas y fundaciones bancarias, inversores con vocación a largo plazo. Invertiríamos en empresas públicas y privadas inyectando fondos para construir vivienda protegida a una escala mucho mayor. Queremos que esas inversiones en vivienda no computen en las reglas de gasto. Si en algo se la juega Europa ahora es en vivienda: necesitamos fondos europeos con criterio de convergencia y estructurales.
¿El problema es de oferta o de demanda?
Es un problema de escasa oferta para una gran demanda. Crisis de vivienda ha habido muchas, pero esta es distinta. Porque afecta a las clases medias de manera muy transversal, y porque tiene derivadas económicas muy serias, con menos margen para el consumo. O no podemos atraer grandes inversiones, ni talento ni sectores intensivos en mano de obra porque no hay donde alojarla. Las clases medias han visto la vivienda siempre como un ascensor social, ahora puede operar como un descensor. Incluso afectar en la democracia, porque se encuentra un caldo de cultivo para el extremismo ante la frustración.
La ley vasca reserva el 75% de nuevas promociones en suelo urbanizable a vivienda protegida.
La gente se desmaya cuando escucha la cifra. Tenemos una ley del suelo del 2006 muy ambiciosa, seguramente con un espíritu muy progresista. Pero tener suelos libres que podrían albergar hasta 75.000 unidades paradas no es progresista. Tenemos detectado que el 75% condiciona, es muy exigente. Estamos dando flexibilidad para que sea un 60%.
Necesitamos fondos europeos con criterio de convergencia y estructurales”
Junto a Catalunya, sois una de las más dinámicas en fijar zonas con control de rentas. ¿Funciona?
El 50% de la población vasca está en ellas, y podría llegar al 70%. Es una medida temporal, pero necesaria para devolverle cierto raciocinio al mercado del alquiler, sometido en estos momentos a una tensión especulativa que lo destroza y que nos hace mucho daño. ¿Tiene externalidades? Seguramente. No es una ley perfecta, pero bien utilizada puede resultar. En sí mismas no resuelven el problema, pero amparan a los vecinos mientras dure esta ley de la selva de escasa oferta y gran demanda.
¿No destruye oferta?
No lo hemos visto. Sí se ralentiza porque tocamos techo en el parque residencial: tenemos muy poco residencial vacío en comparación a otros. El número de viviendas en alquiler, al menos en Euskadi, sigue creciendo. Los contratos recogen ahora por ley más años de duración. Si una vivienda, que antes pasaba cada tres años por la oficina de inmuebles, ahora lo hace cada cinco, cada seis o cada siete años, evidentemente el negocio inmobiliario baja.
En Catalunya el foco está en parte en los pisos turísticos. ¿Hasta qué punto son el problema?
El turismo tiene un carácter depredador como sector, si no pones puertas al campo, en la medida que representan un negocio, pueden seguir proliferando sin control estas viviendas. Nosotros hemos tomado medidas desde el inicio del fenómeno. Hemos generado un registro en el que no te puedes inscribir si estás en zona tensionada, hay ayuntamientos que han suspendido licencias, enviamos cartas a las comunidades de vecinos recordando que los pueden vetar, tenemos un cuerpo de inspectores… Así, tenemos un porcentaje menor. Todo piso turístico representa una amenaza de que se detraigan viviendas que necesitamos. Por eso tenemos una política muy firme y determinada al respecto. Mientras sigan saliendo viviendas del parque de primera residencia, todo el esfuerzo que hagamos para ampliar el parque lo perdemos por otro lado.
Salvador Illa anunciaba un plan para construir 214.000 pisos en cinco años unos días atrás. ¿Sirve?
Hay que actuar sobre la demanda y hay que actuar sobre la oferta. En cuanto a la oferta, yo estoy convencido de que la principal medida es construir una nueva vivienda. La principal, pero no puede ser la exclusiva. Nosotros en la ley de medidas urgentes que esperamos aprobar para final de año apuntamos a los bajos comerciales, la rehabilitación, la segmentación de grandes viviendas. Hace unos años se montó un lío gordo por una ministra de Vivienda que dijo que los jóvenes podían vivir en pisos de 35 m². Hoy no creo que se montase la misma polémica. O exploremos medidas como la que proponemos a Bruselas, de residencias en las que convivan jóvenes y gente mayor, que ceda su vivienda para alquiler.