“Venezuela se ha abierto a un futuro mejor”, aseguraba el pasado martes el Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, durante su intervención en el Encuentro anual del Sector Energético del IESE y Deloitte.
Apenas cuatro días después de esa afirmación, se ha materializado un movimiento estratégico por parte de Estados Unidos de cara a asentar ese futuro. Ayer viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió dos licencias ligadas a la producción de hidrocarburos en Venezuela. La primera es una licencia general que permite a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol, las compañías presentes en el país sudamericano y con las que Donald Trump se reunió el pasado 9 de enero en la Casa Blanca, reanudar sus operaciones petroleras y gasísticas.
Reanudar actividad y nuevas inversiones
La segunda permite a empresas de todo el mundo celebrar contratos para nuevas inversiones en petróleo y gas venezolanos, aunque no habilita transacciones con compañías de Rusia, Irán o China, ni con entidades propiedad o controladas por empresas conjuntas con personas de esos países.
Se trata de la medida de mayor trascendencia económica puesta en marcha por el Gobierno de Donald Trump desde que el pasado mes de enero las fuerzas estadounidenses capturaron y destituyeron al presidente Nicolás Maduro y colocasen al frente del país a la, hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Durante este tiempo, el Tesoro estadounidense ha expedido varias licencias de menor calado para facilitar las exportaciones, el almacenamiento, las importaciones y las ventas de petróleo de Venezuela. También ha autorizado el suministro de bienes, tecnología, software o servicios estadounidenses para la exploración, el desarrollo o la producción de petróleo y gas en el país.
La motivación principal de Donald Trump para apartar del poder a Nicolás Maduro era hacerse con el negocio de petróleo del país al que se le atribuye las mayores reservas de crudo del planeta.
Petróleo nacionalizado desde 2007
Una riqueza que dejó de fluir a la economía venezolana, desde que en 2007 el Gobierno de Hugo Chavez confiscase los activos de Exxon Mobil y ConocoPhillips y endureciese las condiciones de la nacionalización del crudo del país. Empresas como Repsol, presentes en Venezuela desde 1993, tuvieron que aliarse con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la petrolera estatal venezolana, para continuar en el país. En 2016, ambas compañías firmaron un acuerdo que contemplaba una línea de crédito cuyos pagos la española ha venido cobrando en crudo. Una situación que la compañía todavía no tiene clara si se normalizará.
Lo que sí parece haber llegado a su fin son las sanciones que desde 2019 venía imponiendo EEUU que se van a traducir en inversiones, a las que contribuirá Repsol, que permitirán actualizar la obsoleta tecnología de extracción de crudo en Venezuela y, como explicó Imaz el pasado martes, “incrementar la producción para mejorar la economía del país”, y por supuesto también de las petroleras allí establecidas.
