El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Rimvydas Norkus considera que “en el ordenamiento jurídico español no parecen existir medidas efectivas” para evitar el uso abusivo de contratos de duración determinada en el sector público y que España debe garantizar una “reparación íntegra” a los afectados. De mantenerlos en situación de indefinidos no fijos recomienda “otra medida efectiva” para evitar el abuso de interinos, algo que no se da en España.
El órgano se pronuncia después de que el Tribunal Supremo elevara consulta sobre si negar la condición de trabajadores fijos del sector público en casos de abuso de la temporalidad es conforme al derecho europeo. Además, quería saber si la indemnización que se da a los interinos cuando se acabe cubriendo su plaza con oposiciones es suficiente para compensar el daño causado.
El Abogado entiende que la conversión de un contrato temporal en uno fijo no constituye, en sí mismo, una medida efectiva para compensar el perjuicio sufrido por el trabajador. Una medida sancionadora efectiva, disuasoria y proporcionada debe permitir la reparación del perjuicio sufrido por el trabajador, con una indemnización acorde a la gravedad del asunto, y, por otro lado, contempla un mecanismo para sancionar a la Administración Pública responsable.
Las conclusiones, que no son vinculantes con la decisión final del TJUE, deja en manos del Tribunal Supremo determinar si “la normativa nacional contiene efectivamente medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas” para sancionar el uso abusivo de contratos con duración determinada.
CSIF pide cambios: La opinión “saca los colores al Gobierno”
Para el abogado, al existir límites máximos de compensación puede hacer que el importe de una indemnización “no guarde necesariamente proporción con la gravedad de la violación, en particular con su duración”, y que acaben convirtiéndola en simbólica.
Según CSIF, el principal sindicato de las administraciones públicas, la opinión del TJUE “exige elevar las indemnizaciones por abuso de temporalidad y concretar las sanciones a las administraciones que abusen”, como venía pidiendo la organización. “El informe saca los colores al Gobierno por no detallar el régimen de responsabilidad ante el incumplimiento de la ley”, señala la central.
