La inédita consulta pública sobre la opa hostil del BBVA al Sabadell se cerró este viernes con el primero descartando participar pero apuntando a que “no hay factores de interés general afectados por la operación” y el segundo respondiendo al cuestionario pero sin detallar el contenido. Durante los últimos siete días, las principales entidades y asociaciones han participado en la consulta. Los últimos que lo hicieron público fueron los sindicatos CC.OO. y UGT, que argumentaron el “grave perjuicio para la sociedad” de la opa.
Fuentes del BBVA explicaron ayer que no han participado en la consulta pública y que “como parte interesada en el procedimiento, trasladamos nuestras consideraciones, al Ministerio y resto de autoridades, en el propio procedimiento”. La consulta se puso en marcha después del largo análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que avaló la operación una vez que el BBVA asumió una serie de compromisos como el mantenimiento del crédito a las pymes.
CC.OO. y UGT creen que la opa supone “un grave perjuicio para el conjunto de la sociedad”
Precisamente, fuentes del BBVA dijeron que esos compromisos “favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tiene mayor presencia Banc Sabadell, como Catalunya”.
Fuentes del Ministerio de Economía, que dirige Carlos Cuerpo, destacaron sobre la consulta que se debe “terminar de hacer la depuración y proceder al análisis de la información aportada, siempre siguiendo criterios de interés general”.
CC.OO. y UGT opinaron que “la operación no se justifica por razones de eficiencia ni competitividad y, por el contrario, supondría un grave perjuicio para el conjunto de la sociedad”. Los sindicatos -que han basado su opinión en un informe elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)- alertaron que la operación de concentración implicaría la pérdida de entre 7.700 y 10.600 empleos. En el informe de la Facultad de Económicas se añade que a esos despidos directos se sumaría una cantidad adicional de pérdida de trabajos indirectos que puede ser del doble. El trabajo está firmado por el profesor de la UAM Julimar da Silva. “Tal y como advierte la OIT (Organización Internacional del Trabajo), este tipo de procesos tienden a generar una pérdida masiva de puestos de trabajo, deterioro progresivo de las condiciones laborales, aumento de la precariedad, y efectos colaterales sobre la salud mental y física del personal que permanece empleada.
En las conclusiones se avisa también que las pymes pueden verse afectadas “por una contracción de la oferta de crédito y por el encarecimiento de los productos bancarios”. Otra de las afectaciones -citando al Banco de España- es que “los grandes bancos tienden a concentrar sus operaciones en zonas más rentables, lo que puede suponer una pérdida de servicios financieros en zonas rurales o menos pobladas, acentuando así las desigualdades territoriales y socavando la inclusión financiera en nuestro país”. En este caso, se prevé el cierre de entre 589 y 883 oficinas, según el trabajo de la UAM.
