“La labor de la oposición no es rescatar a Pedro Sánchez del abandono de aquellos que le hicieron presidente. Si no tiene el apoyo de la Cámara, que busque el apoyo en las urnas. En otoño, elecciones. Es la única salida”, Con esta declaración del Partido Popular se esfumaba ayer al filo de las 18.30 horas el último halo de esperanza del Gobierno para convalidar el real decreto antiapagones, uno de los textos ligados al sector eléctrico que más consensos empresariales y sociales había sumado de todos los planteados desde que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa.
“El texto cuenta con el apoyo de la sociedad civil, organizaciones ecologistas, asociaciones empresariales, industriales, e incorpora propuesta que hemos escuchado en esta cámara”, dijo la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al defender la propuesta. No convenció.

Aagesen: «El ‘no’ al decreto antiapagones fue una gran irresponsabilidad»
El viernes pasado, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), advertía de las “graves consecuencias” de no ratificar esta batería de medidas. Entre ellas, alertaba de la exposición a futuras crisis como el apagón del 28 de abril, pérdida de competitividad internacional, paralización de inversiones que reducen la dependencia energética y vulnerabilidad ante la incertidumbre geopolítica. Aelec integra a Iberdrola, Endesa y EDP, y patronales de las energías limpias como APPA Renovables, AEE (eólica) y UNEF (fotovoltaica),
La gran industria intensiva en energía no disfrutará de la reducción del 80% en peajes
También los empresarios madrileños, a través de CEIM, pidieron a todos los grupos parlamentarios “altura de miras” para apoyar una norma que responde “de forma eficaz y estratégica” a los desafíos energéticos que afronta el tejido productivo español y que se encamina a un modelo “más resiliente, eficiente y competitivo”. En privado, la presión del sector al PP fue muy intensa hasta ayer mismo.
“Ya que estas medidas tienen un gran consenso fuera de esta cámara, deberían también tenerlo dentro de esta cámara, porque si no continuaremos dando alas a los que piensan que estas las instituciones no sirven”, advirtió ayer la ministra Sara Agesen, minutos antes de toparse con los noes de PP, Vox, Junts y Podemos.
El Gobierno había incluido en el documento mucho más que medidas enfocadas a asegurar el sistema eléctrico ante futuros apagones. También establecía un mayor control de la actividad de las eléctricas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) para reforzar la supervisión, verificación, cumplimiento y transparencia, además de refuerzo de las capacidades de control de tensión y de actuación para amortiguar las oscilaciones en la red.
El autoconsumo compartido se queda sin ampliar de dos a cinco kilómetros su radio de acción
El documento contenía medidas para avanzar en algunos de los principales cuellos de botella que tiene el sistema eléctrico español, como es la saturación de la red. Las eléctricas habían calculado que, con las medidas del real decreto ley, se podrían habilitar nuevas conexiones a la red. En el escenario más conservador podrían facilitar la conexión de unos 20.000 MW para industrias, viviendas y centros de datos, y sin ellos están en riesgo inversiones por valor de 200.000 millones de euros, según los cálculos de las eléctricas. Esto solo teniendo en cuenta el punto que se refiere a la normativa de acceso y conexión de la demanda. Un punto que fijaba en cinco años el plazo de caducidad de los derechos de acceso para mayor aprovechamiento de redes existentes y la modificación de plazos que obligaba a las eléctricas a reducir el tiempo de espera para los clientes, sobre todo industriales, que solicitan nuevas conexiones a la red.
A esto se suma el riesgo que corren proyectos de inversión ya iniciados por volumen de 18.000 MW que han incumplido los hitos para acceder a la red y cuyo plazo amplió este real decreto desde el mismo día de su publicación en el BOE.
La gran industria de sectores intensivos en uso energético será una de la grandes damnificadas por la decisión de la cámara baja ya que impedirá que se apruebe la reducción del 80% de los peajes para la gran industria. En su lugar seguirán pagando un 5%, en línea con la regulación actual para la que el Gobierno había planteado una generosa excepción.
Hay 18.000 MW de demanda eléctrica en el limbo al no prorrogarse el plazo para cumplir los hitos
Asimismo, la decisión supondrá la ejecución de avales para las renovables que no hayan podido cumplir con los hitos previstos para el pasado 25 de junio y deja en el aire peticiones de acceso de 18.000 MW de demanda industrial solicitada.
Las reformas pensadas para ayudar a los pequeños consumidores también se caen. El real decreto ley autorizaba a las entidades locales a reducir impuestos para facilitar la climatización de los hogares similares a las que ya hay para incentivar el autoconsumo. Un autoconsumo que también es un gran perjudicado, ya que no se aplica la ampliación de los dos kilómetros actuales a cinco del radio de acción de las instalaciones de autoconsumo compartido. Como también quedarán en el tintero la medidas para facilitar la tramitación de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, entre otros muchos elementos.