Desde las 9 de la mañana de este jueves, el Congreso acoge una jornada titulada Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina, un encuentro cuya celebración fue avalada por la Mesa de la Cámara, con el voto favorable de PP y PSOE y la oposición de Sumar, en una ronda telefónica en la última semana de agosto. La jornada cuenta con tres mesas redondas, todas moderadas por diputadas del partido de Santiago Abascal, en las que se analiza desde una óptica crítica la ley contra la violencia de género y en una de ellas incluso se plantea quiénes son las víctimas reales de esta ley.
Fuentes de la Mesa del Congreso argumentan que avalar un acto de estas características es una decisión complicada, pero el criterio que se aplica es el de no ejercer un veto previo a las solicitudes que hacen los grupos parlamentarios, como en este caso hizo Vox, para la celebración de actos dentro del Congreso, a no ser que tenga elementos que vulneren de forma flagrante la Constitución.
Desde el Gobierno, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este jueves que se celebren actos como el de Vox para rebatir los argumentos negacionistas de la violencia de género que difunde la extrema derecha. Redondo se ha expresado en estos términos en la jornada Adelante con el feminismo organizada por el PSOE, inauguradas por la vicepresidenta primera, María Jesús montero, que ha defendido el protagonismo de las mujeres en la vida política y empresarial del país y ha abogado por que la mirada de las mujeres esté presente en las “políticas específicas que combatan el terrorismo de la violencia de género”.
ERC, Bildu y BNG han pedido la suspensión de un acto que “difunde el negacionismo de la violencia machista”
En la misma línea, el 27 de agosto, un día después de que la jornada de Vox recibiera el aval de la Mesa del Congreso, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que los grupos tienen derecho a convocar actos en la Cámara Baja “siempre y cuando no contravengan la Constitución y no generen ni difundan discursos de odio”. Ese día, la ministra Redondo, en su cuenta de X, expuso que “en el Congreso caben todas las voces, es sede de la soberanía popular. Pero nos opondremos, como siempre, a que se den por sentados bulos, porque 1.318 mujeres han sido asesinadas por hombres machistas”.
Más allá de estas justificaciones, la jornada ha suscitado polémica y ya la víspera de su celebración ERC, EH Bildu y BNG pidieron, en un escrito dirigido a la Mesa del Congreso, que este acto se suspendiera “de inmediato”, al considerar que “tiene por objetivo la difusión de un discurso negacionista de la violencia machista”. A la vez, advirtieron a los socialistas de que, si no se anula la convocatoria, serán cómplices de discursos machistas.
El PP acusa a los socialistas de avalar el acto para luego criticar “los exabruptos que salgan de esa jornada”
Desde el PP, el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, pidió esta semana que no se censure a Vox por unas jornadas que no solo apoyaron los populares sino también los socialistas, cuyo voto a favor de la iniciativa de Vox atribuyó a que “siguen buscando la polarización, porque lo que pretendían era después sacar su notita de prensa con aquellos exabruptos, que seguro que los hay, que salgan de esas jornadas”.
En este sentido, De los Santos se desmarcó del negacionismo de la ultraderecha sobre la violencia machista, señalando que “quien niegue esto está negando una realidad que atraviesa las sociedades desde hace milenios”.
El encuentro ha sido inaugurado por la diputada de Vox y portavoz adjunta en la Comisión de Igualdad, Rocío de Meer, y el vicepresidente de Anavid, Jesús Muñoz. Según Vox, el objetivo de la jornada es “denunciar las catastróficas consecuencias de una ley que no ha conseguido reducir el número de mujeres asesinadas”.
Vox asegura que quiere denunciar “las catastróficas” consecuencias de la ley contra la violencia de género
Según la portavoz de Vox en la Comisión VioGen, Rocío Aguirre, “de las 48 mujeres asesinadas en 2024 solo el 15% había denunciado. Las mujeres no se sienten protegidas por esta ley”, señaló, y destacó que en ese año “hubo 199.000 denuncias por violencia de género”, de las que “solo el 30% llegaron a juicio y todas las demás se pierden por el camino”.
La jornada cuenta con tres mesas redondas. Hay un primer panel de carácter jurídico-político titulado ¿Cómo se han configurado las leyes de violencia de género?, en el que participan la abogada civil/penal Ruth Arroyo, la abogada penalista argentina Patricia Anzoátegui, el abogado de familia argentino Rubén Melloni y el exmagistrado de TS y el TEDH Javier Borrego.
El siguiente panel aborda las consecuencias que ha tenido, a juicio de los participantes, la ley contra la violencia de género . La mesa de de debate la integran la abogada Yobana Carril, el vicepresidente de Anavid y “víctima” de esta ley Jesús Muñoz, la abogada de oficio en Juzgados de Viogen Belén García-Merat y el portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez.
La última mesa, titulada ¿Quiénes son las víctimas reales de la LIVG?, cuenta con la participación del exdiputado Pablo Cambronero, la psicóloga Tania Evans; el doctor en psicología forense y criminología José Ramón Juárez López y el psicólogo José Manuel Aguilar.
