El Gobierno sigue adelante con su plan, aunque no está resultando como desearía. Este martes, el pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado la senda de déficit que serviría de base para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes al ejercicio 2027. Como se preveía, la mayoría de la cámara baja, incluyendo PP, Vox y Junts, ha votado en contra. Han sido 178 votos negativos, 167 a favor y 5 abstenciones.
Así, la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública será sometida a una segunda votación en el Congreso la próxima semana, el 23 de julio, tras pasar de nuevo por el Consejo de Ministros, donde previsiblemente su planteamiento no sufrirá ningún cambio.
Si el 23 de julio la senda fuera nuevamente rechazada por el Congreso, el Gobierno podría optar por tramitar los presupuestos en base a los datos comprometidos con Bruselas (con un déficit para las administraciones públicas del 1,8% del PIB para el 2027, el 1,6% en el 2028 y el 1,5% en el 2029), aunque las comunidades autónomas deberían alcanzar la estabilidad, por lo que no contarían con ese margen fiscal de 5.849 millones de euros.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reprochado la actitud de las autonomías gobernadas por el PP. “Resulta totalmente incomprensible desde un punto de vista racional que las comunidades ya votaran en contra de esta propuesta en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, ha señalado, mientras ponía como ejemplo a Galicia, que se basó en la responsabilidad para defender su argumento, algo que es cuestionado por el titular de Hacienda. También ha defendido que la estabilidad de las cuentas públicas es aquello que permite fortalecer la sanidad, la educación, la vivienda y las pensiones, “en definitiva, el Estado del bienestar”. Y las ha calificado como un instrumento de soberanía económica.
Arcadi España advierte que las autonomías pueden perder 5.849 millones de euros
Por su lado, el popular José Vicente Marí Bosó ha arrancado su intervención diciendo que el único acuerdo que esperan los españoles es la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. El diputado ha hablado de un “Gobierno en rebeldía” y ha criticado que se propone un 0,1% de margen para las comunidades autónomas, aunque la regla de gasto impide gastar porque se necesitaría superávit para ello, ha asegurado. Marí Bosó también se ha referido a un gasto público descontrolado, una economía de salarios bajos, precariedad y un infierno fiscal para los ciudadanos.
En paralelo, José María Figaredo (Vox) ha echado en cara al ministro que diera datos económicos “erróneos o falsos” para defender la senda del Gobierno y le ha reprochado que en ocho años el Ejecutivo solo ha aprobado tres presupuestos. “Recaudan y gastan como Suiza, pero el impacto y la productividad son las de Rumanía”, ha resaltado.
Por Junts, Josep Maria Cruset ha asegurado que el Ministerio de Hacienda es “un verdadero depredador”, tanto para las familias como para las empresas y el resto de administraciones públicas. Y ha criticado que, de cada 100 euros que se repartirán, solo 1 será para Catalunya, mientras que este territorio paga un 21%. Ha pedido a Arcadi España que deje de engañar a la gente, ya que “todo el mundo sabe que no va a haber PGE”. Como ya había adelantado, esta formación ha votado en contra de la iniciativa del Gobierno. “Si el Gobierno español hace las mismas propuestas que en los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrán contar con nuestro voto”, advertían fuentes de la formación posconvergente.
Al ‘no’ de PP, Vox y Junts también se han sumado dos diputados del Grupo Mixto: Águeda Micó (Compromís) y Alberto Catalán (UPN).
El PP habla de gasto público descontrolado, precariedad e infierno fiscal
En el otro lado, han votado a favor los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y también Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. La diputada de ERC Teresa Jordà ha afirmado que Catalunya sufre infrafinanciación y límites, pero su grupo ha votado a favor “pese a todo”, por una cuestión de responsabilidad, no por conformidad, según ha explicado. Al igual que el año pasado, los diputados de Podemos han optado por la abstención.
La senda del Gobierno fija el déficit para todas las administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el 2027, el 1,6% en el 2028 y el 1,5% en el 2029. De ellas, la Administración Central asumiría el 1,5% en el próximo año, el 1,4% en el 2028 y el 1,3% para el 2029.
En paralelo, el Ejecutivo concedería a las comunidades autónomas un déficit del 0,1%, por lo que contarían con un margen fiscal de en torno a 5.849 millones de euros, algo que las autonomías gobernadas por el PP rechazan en bloque.
A propuesta de la consellera catalana, Alícia Romero, el departamento liderado por Arcadi España planteó que ese déficit podría ser asimétrico y variar en función de cada territorio y su situación fiscal, aunque esta idea tampoco ha sido aceptada por los populares. No obstante, según el ministro, esto beneficiaría a regiones como Comunidad Valenciana y Murcia, y ya fue una medida aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013.
