Los informes técnicos con los que el Gobierno está ultimando la regularización extraordinaria de inmigrantes estiman una avalancha de 750.000 solicitudes para conseguir la autorización de residencia en España. Según los mismos cálculos, se otorgarán unas 500.000. Para hacer frente a las peticiones, que se podrán registrar tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), del real decreto que ultima el Ministerio de Migraciones tras recibir las recomendaciones del Consejo de Estado, el Ejecutivo prevé abrir ventanillas propias en la Seguridad Social y Correos, donde se podrán entregar. Pero el departamento que lidera la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también pretende implicar a Tragsa, la empresa pública integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dedicada al desarrollo rural y la conservación de la naturaleza. Y eso ha despertado reticencias en el órgano consultivo que preside Carmen Calvo.
Para empezar, el Consejo advierte en su dictamen de 74 páginas al que ha tenido acceso La Vanguardia, que de la documentación que Migraciones le ha remitido se puede conocer “cuál ha sido y cómo se ha desenvuelto el proceso” que ha llevado a la conclusión de que Tragsa, al igual que su filial Tragsatec, es la entidad más idónea para colaborar “en las muy complejas” tareas administrativas de gestión de las solicitudes que van a presentarse.
Además, le pide al Ministerio de Migraciones, que las actividades encomendadas a ambas empresas “deberán ceñirse a actuaciones administrativas de gestión y canalización documental”, es decir, a “ámbitos de colaboración instrumental” dentro del complejo proceso de gestión, sin poder atribuirles potestades para resolver solicitudes.
Por ello el órgano consultivo pide al Gobierno que “acote materialmente” los encargos a Tragsa y su filial, a modo de observación esencial, que si bien no es de obligada incorporación sirve para blindar el texto ante posibles recursos en el Tribunal Constitucional.
Se da la casualidad que Tragsatec ha estado esta semana en el punto de mira en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Esta empresa, del grupo Tragsa, y que cuenta con más de 14.000 empleados, contrató presuntamente de manera irregular en el año 2019 a la entonces amante del ministro. Jéssica Rodríguez recibió un contrato y no acudía a trabajar. Estos tejemanejes han puesto al descubierto este descontrol en la administración pública.
Incorporar las recomendaciones
Pese a la casi decena de observaciones esenciales, el Consejo de Estado ha avalado el proceso de regularización extraordinaria que el Gobierno, previsiblemente, aprobará el martes en el Consejo de Ministros. Migraciones, según fuentes del departamento, está trabajando para incorporar las recomendaciones del dictamen que, según la lectura que hace el Ministerio, “caminan en la misma línea del texto original y respeta la esencia del real decreto”, valorándolas “positivamente a la hora de clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación”.
Uno de los aspectos cuestionados es la intención, según se recoge en el primer texto aprobado, de permitir que una mera “declaración responsable de inexistencia de antecedentes” –en el caso de que el país de origen no emita un certificado– sirva para acceder a la regularización.
El Consejo ha criticado esa declaración como una “técnica inadecuada”, que “relaja injustificadamente” las exigencias a los beneficiarios del permiso de residencia y trabajo. Esto, prosigue el Consejo de Estado, abriría la puerta a “prácticas poco rigurosas e incluso irregulares”.
Desde Migraciones defienden que “carecer de antecedentes penales ha sido uno de los requisitos ineludibles de este proceso, así como tener un plazo para demostrarlo”. Sin embargo, no aclaran si finalmente desparecerá del texto la posibilidad de recurrir a la declaración responsable.
Sí se han tomado nota de otros aspectos, que están siendo modificados. El Consejo de Estado señaló en su dictamen que es incompatible ser beneficiario de un permiso por protección internacional y otro resultante de la regularización. Por ello, se cambiará el texto para que el permiso de protección internacional esté vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva -y positiva-, y los migrantes soliciten la tarjeta de identidad de extranjero (TIE).
Además, tal y como adelantó este diario, el Consejo pedía aclarar la definición de vulnerabilidad, al ser esta una de las vías de acceso a los papeles. El Gobierno procederá a ello, entendiendo por vulnerable “toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud”.
