Qué le convendría más a Pedro Sánchez, en el poco probable caso de que optara por adelantar elecciones, haber presentado antes la propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica o no? Aunque la que más vueltas debe haber dado a esa pregunta es María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y candidata socialista en los próximos comicios andaluces. Quien si lo tiene claro es el PP; no quiere ni quita de la deuda ni nuevo modelo de financiación antes de las elecciones y su posible retorno al gobierno.
Sea cual se la respuesta, está claro que los calendarios dibujados en los pasillos del poder de la administración catalana, que el acuerdo se presentaría antes de Navidad, ya no se materializarán. Imposible una vez Montero fijara febrero como fecha de referencia. Primera consecuencia, los presupuestos de la Generalitat deberán esperar, como mínimo, a la próxima primavera para ver la luz.
Los cifras avanzadas por la consellera de Economia de la Generalitat, Alicia Romero, sobre el dinero adicional que recibiría Catalunya con el nuevo modelo de financiación admiten la interpretación de que, más allá de los juegos de palabras, el cambio no sería sustancial. Un incremento de ingresos por sí solo no sustenta un nuevo modelo.
Romero ha hablado de entre 3.700 y 5.000 millones anuales, resultado de un aumento de las aportaciones del Estado al sistema de entre 17.000 y 20.000 millones. Una simple regla de tres permite concluir que esas cifras mantienen una proporción bastante similar a la que ya se aplica en el modelo de financiación vigente.
La consellera Alicia Romero saluda a la ministra María Jesús Montero
De ser así, estaríamos ante un reparto de los nuevos recursos generados por la economía española en estos años de alto crecimiento con la misma proporción de reparto. En sí mismos no implican una reformulación de las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades autónomas ni entre estas entre sí. Eso sí, aunque no hubiera una modificación cualitativa, siempre se podría explicar que se dispone de más recursos para atender los servicios prestados a los ciudadanos. Algo que siempre recibe bien la opinión pública.
La ministra no ha despejado ninguna de las dudas sobre aspectos esenciales de su plan
Contribuye a esa sensación de que de momento no hay cambio radical sobre la mesa el hecho de que la comisión de expertos que creó Romero para diseñar cómo debería ser el nuevo modelo y calcular las consecuencias financieras de aplicar las reglas propuestas en el pacto de investidura de Salvador Illa negociado entre el PSC y ERC, no haya dicho esta boca es mía. Nada se conoce de sus trabajos, propuestas o cálculos, pese a que lleva más de un año trabajando y generando conclusiones y documentos, custodiados por su coordinador, Martí Carnicer.
Todo está pendiente del acuerdo que se pueda alcanzar al final entre los dos ejecutivos, el central y el catalán. Y que hasta que eso no se produzca, en Barcelona no van a avanzar cifras que luego puedan quedar en evidencia frente a las del Ministerio de Hacienda.
El calendario de Montero acerca la presentación de su propuesta a fechas muy próximas al límite para la celebración de las elecciones andaluzas, junio del año próximo. La doble función de la responsable de Hacienda, al decir de algunos, ha pesado en exceso durante todo el proceso de negociación. Sus rivales del PP lo están aprovechando, sugiriendo que cualquier propuesta que formule será negativa para Andalucía, por mucho que en todos los cálculos que se manejan, incluido el de la consellera Romero, esta comunidad aparece la primera en ganancia de nuevos ingresos.
Con las pocas explicaciones sobre el nuevo sistema avanzadas con cuentagotas por Montero esta semana, no se puede deducir apenas nada, más allá de que la reforma de la financiación autonómica sigue siendo una pieza de caza mayor y que la oposición cerrada de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, la gran mayoría, supone un obstáculo de gran envergadura para un gobierno con recurrentes dificultades para sumar mayorías parlamentarias.
En política, las palabras son polisémicas y susceptibles de significados diferentes según el momento, el contexto o el interlocutor. Y en conjunto, las explicaciones de Montero dejaron en el aire más interrogantes que respuestas. Defendió la compatibilidad de la multilateralidad con la bilateralidad, pero dejó esta ceñida a las competencias diferenciadas de cada comunidad, en el caso de Catalunya las de la policía, prisiones o el catalán. Eso ya es algo que está plenamente incorporado en el modelo actualmente vigente. Pero una reevaluación de esas competencias singulares puede ser una vía de compensación y de reconocimiento de la singularidad. Rozando el larguero, cierto.
Las cifras adelantadas por la consellera Romero respetan la proporción vigente en el modelo actual
Nada se sabe sobre los posibles avances en la recaudación del IRPF por la administración catalana, uno de los puntos clave del acuerdo PSC-ERC y que en Hacienda siempre se ha acogido con escepticismo. Ni de los incrementos del porcentaje de participación de Catalunya, también del resto de comunidades, en ese impuesto y en el IVA o los especiales. Aspecto clave para garantizar la autonomía fiscal y acabar con el insoportable sistema de los adelantos o pagos a cuenta. Tampoco sobre el polémico principio de ordinalidad, que establece que una comunidad que aporte recursos al resto no acabe por debajo de las receptoras en recursos per cápita. Igual de la ampliación y los límites de la capacidad normativa. Y sobre la fórmula o los criterios de cálculo de la población, punto de partida básico para organizar el reparto de los recursos entre ellas.
En fin, los agoreros que clamaban contra el desmantelamiento de la igualdad y el Estado del bienestar deberán comenzar a buscar un nuevo argumentario a la vista de lo que, de momento, está sobre la mesa.
