El modelo Elon Musk para recortar personal se extiende por toda la administración federal. El nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, ha ofrecido a sus empleados ocho meses de sueldo a cambio de su renuncia, una propuesta similar a la renuncia diferida que ya ofreció la Administración de Donald Trump a los empleados de otras agencias federales. Además, la CIA, teóricamente independiente, también ha congelado la contratación de solicitantes de empleo para asegurarse de que los nuevos miembros rindan fidelidad a Trump.
“El director Ratcliffe se está moviendo con rapidez para garantizar que el personal de la CIA se alinee a las prioridades de seguridad nacional del gobierno”, aseguró un portavoz de la agencia en un correo electrónico. “Estas medidas son parte de una estrategia holística para infundir a la agencia una energía renovada, brindar oportunidades para que surjan líderes en ascenso y posicionar a la CIA para cumplir con su misión”.
No está claro cuantas personas han recibido la oferta, pues el tamaño de la fuerza laboral de la agencia es secreto, así como su presupuesto, como ocurre también con otras agencias de inteligencia. Pero The Wall Street Journal, el primero en informar de la noticia, así como otros medios estadounidenses que la han confirmado después, aseguran que han quedado excluidos algunos agentes al mando de tareas de alta prioridad, mientras que se ha generalizado la oferta para el resto.
Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Ratcliffe se comprometió a mantener la política alejada de las decisiones relacionadas con el trabajo de inteligencia e insistió en que no usaría la lealtad a Trump como criterio para contratar o despedir a personal. Dos semanas después de jurar la Constitución, eso es precisamente lo que ha hecho.
Sindicatos de funcionarios, así como legisladores demócratas, han alertado a los trabajadores federales que no deberían aceptar la oferta, pues es legalmente cuestionable y el Congreso, encargado de la asignación de fondos, no ha autorizado paquetes de indemnización tan amplios.
Todos los empleados de USAID alrededor del mundo son suspendidos de empleo y se les ordena que vuelvan a Estados Unidos
Durante la campaña electoral, Trump aseguró repetidamente que algunos agentes de la CIA forman parte de un “estado profundo” que quiere acabar con él. También culpó directamente a la agencia independiente por los hechos del asalto al Capitolio, cuando una turba de sus seguidores atacó el edificio federal el 6 de enero del 2021 para evitar la confirmación del resultado electoral.
La semana pasada, cerca de 2,3 millones de empleados federales recibieron la misma oferta con un correo con el asunto “Bifurcación en el camino”, el mismo que en los correos que envió Musk a los empleados de Twitter cuando compró la red social. Una oferta similar recibió la plantilla completa de la oficina de la directora de Inteligencia Nacional, cargo para el que ha sido nombrada la excongresista Tulsi Gabbard, a la espera de ser confirmada en el Senado.
Estos esfuerzos se argumentan por la necesidad de reducir el gasto federal, al igual que la decisión de desmantelar la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), principal donante de ayuda humanitaria en el mundo. Después de congelar toda su asistencia exterior a excepción de Egipto e Israel, Trump nombró al secretario de Estado Marco Rubio como su nuevo director en funciones, paso previo a la fusión de esta agencia con el departamento de Estado. Ayer por la noche, todos sus empleados alrededor del mundo fueron suspendidos de empleo y se les ordenó que volvieran a EE.UU.
El adelgazamiento y la reestructuración radical de la administración está claramente alineada con el Proyecto 2025, un plan de acción diseñado por el centro conservador Heritage Foundation para los primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca. Aunque el presidente se desmarcó durante la campaña de este manual, muchas de las acciones tomadas en sus primeras dos semanas en el poder estaban planteadas en el mismo.
Una de las medidas incluidas en este ambicioso plan de 180 páginas fue la orden ejecutiva con la que Trump quiso eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados. Este decreto fue bloqueado al cabo de unos días de forma cautelar por un juez federal, que lo consideró “descaradamente inconstitucional” porque se trata de un derecho protegido por la decimocuarta enmienda, y hoy ha hecho lo mismo una segunda jueza federal.
