El futuro de los presupuestos generales del Estado para el año próximo es un enigma. Más allá de la prórroga forzosa porque ya es imposible aprobarlos antes del cierre de este año, lo que implica mantener vigentes los del 2023, la coyuntura política y la aritmética parlamentaria impiden un pronóstico comprometido. Por un lado, tras la aprobación de las medidas impulsadas por María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la mal llamada reforma, que en realidad es un escueto paquete que incluye el impuesto a la banca, parecería que el Gobierno de Pedro Sánchez goza de un mayor margen monetario para encarar las negociaciones con las fuerzas políticas que podrían votar a favor de sus cuentas. Hasta 8.000 millones de mayor holgura, según los cálculos de la Airef tras los compromisos y los acuerdos del Ejecutivo español con la Comisión Europea.
Los presupuestos son en buena medida el principal deber de cualquier gobierno y un mensaje de estabilidad y confianza, como recordó este viernes en S’Agaró Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE. Hasta el momento, Sánchez y Montero han trasmitido su convicción de que conseguirán la aprobación de las cuentas públicas. Aunque ninguna fuerza política establece una relación causa efecto entre la imposibilidad de aprobarlas y convocar elecciones generales anticipadas.
Las discusiones sobre el paquete fiscal han tensionado las costuras del Gobierno más de lo que trascendió
La realidad es que, pese a la ampliación del margen de negociación antes referido, la aprobación de nuevos presupuestos puede suponer un auténtico calvario para un Gobierno al que cada vez le desgasta más alcanzar acuerdos con sus socios parlamentarios. El último maratón del paquete fiscal, según algunas fuentes próximas al Ejecutivo, ha estado mucho más cerca de provocar una crisis de gobierno de lo que ha trascendido a la opinión pública.
Y sobre la posible consecución de esas cuentas se acumulan diversas capas de temas de calado que no se pueden desvincular unos de otros.
En primer lugar, el de la negociación singular para Catalunya, pactada entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat. Este último, también en el marco de las jornadas de S’Agaró, recordó el viernes su compromiso de aplicar “íntegramente los acuerdos firmados” con los republicanos. Aunque públicamente no se han anunciado progresos, se han producido acercamientos discretos para avanzar en el asunto. Eso sí, pendientes de las discusiones sobre la cuestión en el marco del congreso del PSOE de este mismo fin de semana, en el que ha estado especialmente activa Alícia Romero, la consellera de Economia i Finances de la Generalitat,
El problema es que la nueva financiación es indisociable de la elaboración de los presupuestos, pues el Estado debería renunciar a un determinado volumen de ingresos, en favor de la Generalitat, aunque fuera tan solo por la vía de la cesión del IRPF y probablemente también elevar sus aportaciones al resto de las comunidades autónomas. Uno de los negociadores de ERC en el pacto con el PSC, Josep Maria Jové, calculaba, en un artículo publicado en Alternativas Económicas , en más de 8.000 millones de euros las necesidades adicionales de la Generalitat en sanidad, educación y servicios sociales y recordaba que el pacto establece que en el próximo primer semestre debería acordar el calendario de traspasos para su ejecución.
De las recién terminadas negociaciones de las medidas fiscales, la fuerza política que ha salido visiblemente reforzada es Junts, de Carles Puigdemont. La decisión de Montero de negociar primero con los independentistas ya provocó crujidos en las cuadernas del Gobierno de coalición. Ahora sigue pendiente la aprobación de un decreto sobre el impuesto a las energéticas, partiendo de un acuerdo entre el Ejecutivo y sus socios de izquierda para aplicarlo incluyendo desgravaciones para inversiones verdes. Las empresas afectadas rechazan la idea, al tiempo que temen que Junts acabe aceptando una potencial propuesta en esa línea.
Pero más allá de esa medida puntual, Junts intenta esclarecer si políticamente será más influyente en el Congreso dando luz verde a los presupuestos y optando por obtener resultados en ámbitos concretos de la negociación. O, como alternativa, se desmarca de las cuentas públicas anuales, como señalan algunos en sus filas, para evitar que Sánchez se emancipe de cualquier negociación relevante para el resto de la legislatura.
Yolanda Díaz y la jornada
En la agenda económica ocupa posición relevante la propuesta de Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El principal problema para su aprobación hasta ahora ha sido la negativa de la CEOE. Pero tras ella pueden aparecer los grupos parlamentarios de Junts y el PNV, atentos a las quejas de las pymes a una medida que, aseguran, puede incrementar mucho sus costes. Pero incluso el PP ha querido jugar en el tema, lanzando su propia propuesta de jornada laboral flexible. El Gobierno asegura disponer de encuestas que recogen que la reducción del número de horas de trabajo es una aspiración mayoritaria y transversal de la sociedad española.
