El equipo de Cristóbal Montoro retocó el informe que debían enviar los peritos de la Agencia Tributaria designados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre las donaciones del Partido Popular en la investigación por la caja b del partido.
Así consta en una serie de correos electrónicos a los que ha tenido acceso La Vanguardia, en los que el director de la Agencia Tributaria de entonces Santiago Menéndez remitió un informe que se iba a enviar a la Audiencia Nacional sobre las donaciones del PP recogidas en la contabilidad paralela del partido en el conocido como ‘caso Bárcenas’, ex tesorero de Génova, 13.
Correos electrónicos
Este informe había sido elaborado por los peritos designados como auxilio judicial y que trabajaban a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional. El instructor había reclamado a los peritos que contabilizaran las donaciones recibidas por el PP para saber si éstas superaban el máximo permitido y por tanto podrían incurrir en un delito fiscal.
La ex directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, ya había intentado que ese informe no se realizase al considerar que las donaciones estaban exentas de tributación, por lo que a su entender no podían ser contabilizadas. En un enfrentamiento con Ruz, éste le obligó a entregar el informe y le advirtió que los peritos trabajaban a sus órdenes y no a las de ella como coordinadora.
En ese contexto, Menéndez —investigado junto a Cristóbal Montoro y otras 26 personas en una trama de Hacienda— envió el 24 de julio de 2014 al director de gabinete del ministro de Hacienda y al secretario de Estado Miguel Ferré, también imputado, el informe iba a entregarse al juez al día siguiente. “Mañana se entregará este informe al juez”, recoge el mail. A reglón seguido hace un resumen del sentido del informe. “Las conclusiones son que las donaciones recibidas están exentas del Impuesto sobre Sociedades, ya que el único requisito es que se hayan destinado a finalidades propias del Partido”, cierra.
A partir de ese correo existen un cruce de mails ese mismo día entre gente de la Agencia Tributaria y el Ministerio. Bajo el mismo título de “informe”, la subdirectora general de Impuestos envía un mail al director general de tributos en el que le dice: “Diego, yo añadiría un párrafo general al principio indicando algo así (Antonio lo puede completar y poner mas bonito)”. Añadido su criterio sobre la tributación de las donaciones concluye el correo diciendo: “Simplemente debería indicarse que la consulta no contradice en ningún caso lo que defiende el informe, porque la consulta no se manifiesta al respecto”. El argumento que buscaba dar Hacienda es que una consulta genérica sobre la tributación de donaciones no podía extrapolarse a este caso.
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En esta cadena de correos, se desvela que en paralelo al conflicto de la AEAT con el juez Ruz, se realizó una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, el órgano legislador de Hacienda, en la que de manera general sostenía que la fiscalidad de las donaciones a partidos políticos se rige, a diferencia de las que afectan a entidades sin ánimo de lucro de otro tipo como Cáritas, por la Ley de Financiación de Partidos, por lo que sólo pueden estar exentas de tributar las que así fija la citada norma: las que no sean anónimas.
Unos meses después, en marzo de 2015, tras la publicación en los medios del informe de Tributos, los altos cargos de esta Dirección mostraron su temor porque Ruz les reclamara su criterio: “Crucemos los dedos y que ninguna mente privilegiada empiece a pensar que hay matices…”.
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Fuentes de la Agencia Tributaria (AEAT) explican que los informes de los peritos son secretos y sólo pueden llegar al juez. Añaden las mismas fuentes que cuando un juez reclama auxilio judicial, el único papel que debe tener la AEAT es el de la designación de tales peritos. En ese mismo momento, los técnicos o inspectores designados sólo deben rendir cuentas al juez.
La Fiscalía Anticorrupción que investiga la trama de Montoro ya alertó al juez encargado de la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de tarragona, que los correos reflejan una “eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos”.
En la investigación se ha destapado que quien fuera el máximo responsable de la Agencia tributaria trasladó información sensible, confidencial y reservada al equipo de Montoro durante sus años como ministro de Hacienda.
