El Gobierno ha encajado este jueves en el Congreso una doble derrota, aunque solo una estaba en el borrador de guion escrito a principios de semana.
La caída del llamado escudo social no ha sorprendido a nadie. La suerte del decreto llevaba días echada y no ha habido negociaciones de última hora ni intentos in extremis por salvarlo. Como ya ocurrió en enero, PP, Vox y Junts han sumado sus votos para tumbarlo, escenificando un intercambio de reproches sin margen real para el acuerdo. Más inesperado ha sido el rechazo al decreto que facultaba al Ejecutivo para topar precios de productos y servicios en situaciones de emergencia, una iniciativa que La Moncloa daba por encarrilada y que finalmente ha ampliado el alcance del revés parlamentario. El balance de la jornada deja así un empate en el paquete social: dos decretos aprobados -pensiones y ayudas por Adamuz- y dos derogados -escudo social y tope de precios-.
El elemento decisivo en la caída del escudo ha sido, una vez más, la prórroga de la moratoria antidesahucios. Junts ha rechazado de plano su inclusión en el decreto y ni siquiera la modificación introducida a petición del PNV -para excluir de la prohibición a los propietarios con una sola vivienda en alquiler- ha movido un milímetro la posición de los posconvergentes.
La propia portavoz de Junts, Miriam Nogueras, lo resumió la víspera en su cara a cara con Pedro Sánchez: “¡Escudo social sí, okupaciones no!”, le espetó desde la tribuna, dejando claro que el Ejecutivo solo podría aspirar a su apoyo si separa definitivamente las medidas sociales de la moratoria. En el Gobierno consideran que Junts están tensado la cuerda hasta el límite y deslizan que esa estrategia podría pasarle factura electoral a los de Carles Puigdemont. Aun así, fuentes socialistas se mantienen confiadas en que en un tercer intento, previa aprobación de un nuevo decreto en el Consejo de Ministros, al menos opten por la abstención. Un gesto que bastaría para cambiar el signo de la votación.
No es la primera vez que el bloque de las derechas frena el paquete. Hace un mes ya decayó otro decreto que incluía tanto la revalorización de las pensiones como las medidas del escudo social. Entonces el Ejecutivo solo logró rescatar las ayudas al transporte. Aprendida la lección, Sánchez cambió de táctica desgajando las iniciativas. Por un lado, el decreto de pensiones; por otro, el del escudo social. La operación, no obstante, le ha salido a medias.
La derogación del decreto sobre el tope de precios añade un matiz político distinto. La norma facultaba al Gobierno para fijar un límite máximo al coste de determinados productos y servicios cuando declarara una situación de emergencia, tomando como referencia el precio más alto registrado en los treinta días anteriores al inicio de la crisis. Estaba diseñada para evitar incrementos abusivos en contextos como los accidentes ferroviarios de enero o los temporales que han golpeado Andalucía. Su caída revela que la aritmética parlamentaria del Ejecutivo es todavía más frágil de lo que anticipaban en el propio Gobierno.
Junts, además, ha registrado este jueves en el Congreso una iniciativa con sus propuestas para desbloquear la aprobación de las medidas del llamado decreto del escudo social. De acuerdo con el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el partido posconvergente propone sustituir la suspensión generalizada de desahucios por un procedimiento administrativo urgente que permita al Estado asumir y pagar la deuda de alquiler de personas vulnerables, de modo que la protección social recaiga en la administración y no en los propietarios.
La proposición no de ley insta además al Gobierno a “asumir íntegramente el coste real de todas las decisiones adoptadas en ejercicio de sus competencias exclusivas” en materia de protección social.
Luz verde a las ayudas de 20 millones para los afectados por los accidentes ferroviarios
Sí ha salido adelante, en cambio, el decreto de revalorización de las pensiones, que contempla una subida general del 2,7% en 2026, un incremento del 7% para las mínimas y de hasta el 11,4% para las no contributivas.
Y también ha recibido luz verde el texto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), con compensaciones que oscilan entre 2.404 y 84.141 euros en función de la gravedad de los daños.
La cantidad movilizada por el Gobierno asciende a los 20 millones de euros. 10 millones para las ayudas urgentes y otros 10 correspondientes a los anticipos. En los casos de fallecimiento es una ayuda directa de algo más de 72.000 euros por cada persona fallecida y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro.
En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo del seguro.
