El exnúmero dos de Interior en la época de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha pedido a la jueza salir de prisión. Su nombre se vio gravemente salpicado tras la detención del excomisario José Manuel Villarejo por ser uno de sus protectores y urdidor de ciertas operaciones sospechosas, como la llamada ‘Operación Kitchen’ para robar documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas para evitar que los utilizase en contra del presidente del Gobierno. Sin embargo, por lo que ha acabado en la cárcel ha sido por unos negocios privados con un joven hacker, José Luis Huertas, más conocido como Alcasec.
En un escrito, Martínez reclama a la instructora de la Audiencia Nacional que le encarceló la semana pasada, que lo reconsidere y le deje en libertad dado que, a su juicio, no hay riesgo ni de fuga ni de que pueda destruir ningún documento incriminatorio.
Según explica a la magistrada, él no tiene la capacidad de acceder a la información supuestamente alojada por Alcasec en el servidor suizo de la empresa Private Layer INC, con sede en Zurich, o en la nube de Mega.
Su letrado apunta que no hay indicios “para afirmar que Martínez, bien directamente, bien a través de la madre de Huertas o de los amigos, tiene la llave para apretar el botón remoto de autodestrucción de las evidencias digitales del servidor suizo”.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón acordó este jueves a petición de la Fiscalía el ingreso en prisión incondicional del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y del hacker Alcasec, detenidos este martes.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional investiga a ambos por los delitos de blanqueo de capitales, de descubrimiento y revelación de secretos, particularmente, de allanamiento o intrusismo en un sistema informático y de delitos de apoderamiento y cesión de datos reservados, además de organización criminal.
Las sospechas que hay sobre ellos es que a través de un sofisticado sistema —con identidades falsas, criptomonedas, cifrado extremo y rutas anónimas—, se habrían hecho con “información sensible” de millones de ciudadanos, entre los que se incluyen datos personales procedentes de sistemas educativos, el Registro Civil, abonos de transportes o plataformas de facturación de compañías eléctricas.
La operación se inició en el 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismo públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.
La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar, y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales. Esta capacidad les permitía a los detenidos elaborar perfiles completos, cruzar informaciones en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social. Toda la operativa estaba alojada en servicios distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Martínez niega la mayor. De hecho en su escrito, sostiene que él como abogado del joven Alcasec intentó ayudarle a reinsertarse en la sociedad, al haberle asistido como abogado siendo menor de edad. Según la exmano derecha de Jorge Fernández Díaz recondujo a Huertas desde el cibercrimen hasta la ciberseguridad. Lo hizo, según dice, con el “conocimiento y consentimiento” de la Fiscalía de Menores. “De eso se trataba y no de la ocultación de su actividad delictiva, como lo demuestra el hecho de que, pese a ello, se hayan incoado estas y otras causas penales contra José Luis Huertas”, apunta.
