
El Fondo Monetario Internacional (FMI) limita el impacto que los aranceles dictados por la Administración Trump en EEUU tendrán sobre la economía española. El organismo estima que cada aumento de 10 puntos porcentuales en los aranceles estadounidenses sobre la UE “podría reducir el PIB de España en aproximadamente un 0,1% a corto y medio plazo”, sin considerar posibles no linealidades, nuevos picos de incertidumbre y disrupciones en las cadenas de valor globales que podrían generar cuellos de botella en el suministro.
El organismo internacional ha insistido, asimismo, en que las autoridades españolas deberían aprovechar el sólido impulso del crecimiento para reconstruir con mayor rapidez el margen fiscal y reducir los riesgos de la deuda soberana, en el contexto de un plan fiscal a medio plazo mejorado.
Además, ha instado a las autoridades españolas a expandir la oferta en materia de vivienda, acometer acciones regionales específicas y agilizar los permisos en el sector de la construcción, así como abordar “cuidadosamente” y con flexibilidad la reducción de la semana laboral que impulsa el Gobierno.
Así se recoge en su informe de evaluación de la economía española, dado a conocer este viernes, en el que este organismo dedica un apartado a la vivienda y subraya que el rápido aumento de los precios en el sector residencial en España debería abordarse “principalmente” mediante medidas que estimulen dicha oferta.
Aunque se considera que las iniciativas para aumentar el parque de vivienda social, incluidas las contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “constituyen un complemento positivo”, el FMI cree que “se debe priorizar el aumento de la oferta, especialmente en zonas con escasez de suelo”.
Las conclusiones de las consultas del directorio ejecutivo del FMI sobre el informe anual ‘Artículo IV’ para España apuntan a que, en ausencia de nuevas medidas de consolidación, además de los aumentos de las cotizaciones a la seguridad social derivados de las reformas de las pensiones de 2021-2023 y la no indexación de los tramos del IRPF, el déficit se estabilizaría por encima del 2% del PIB para 2030, mientras que la ratio deuda/PIB se mantendría por encima del 90% antes de volver a aumentar a largo plazo a medida que se intensifican las presiones fiscales derivadas del envejecimiento de la población.
En este sentido, sopesando los riesgos fiscales, por un lado, y la sólida posición cíclica de la economía, por otro, el personal técnico del FMI recomienda a España adelantar el ajuste del 3% del PIB previsto por las autoridades para el período 2025-2029 en lugar del periodo 2025-2031.
“Este esfuerzo, que requeriría alrededor de 2 puntos porcentuales del PIB en nuevas medidas, debería respaldarse con un plan fiscal a medio plazo mejorado que establezca prioridades bien definidas de aumento de impuestos y reducción del gasto”, sostiene la institución internacional.
De tal manera, el FMI considera que la armonización del IVA y la mejora de la tributación ambiental permitirían a España alcanzar el objetivo recomendado, reduciendo al mismo tiempo las distorsiones económicas.
Asimismo, dada la creciente brecha prevista entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la seguridad social en las próximas décadas, “también deberían emprenderse reformas previsionales, priorizando las opciones que favorezcan el empleo”.
Por otro lado, si se materializan los riesgos a la baja, el FMI subraya que la política fiscal debería mantenerse flexible, permitiendo que los estabilizadores automáticos actúen, advirtiendo de que el apoyo discrecional temporal sólo debería considerarse en caso de una perturbación grave y siempre que los costes de financiación soberana se mantengan bajos.
Por otro lado, el FMI ha confirmado sus previsiones de crecimiento para la economía española, con un 2,5% este año, que se moderará al 1,8% en 2026 y al 1,7% un año después, a medida que se normalicen las exportaciones y el crecimiento de la población en edad laboral.
A este respecto, la entidad señala que la expansión española se sustentará principalmente en la demanda interna privada, en particular debido a una disminución de la tasa de ahorro de los hogares y un repunte de la inversión.En su análisis, la institución con sede en Washington considera que el crecimiento de la economía española se ha visto impulsado por la robusta exportación de servicios y el aumento de la fuerza laboral, en particular debido a la inmigración.
De tal modo, dado que el elevado crecimiento del PIB ha ido acompañado de un elevado crecimiento del empleo, el aumento del PIB per cápita ha sido más moderado”, mientras que, a pesar de los avances recientes, España aún presenta una de las tasas de empleo más bajas de Europa y una brecha persistente en la productividad laboral (por hora) con respecto a la zona euro y, aún más, a Estados Unidos.
Asimismo, el FMI espera que el turismo se expanda a un ritmo más lento, mientras que un entorno global más débil, que incluye una elevada incertidumbre en materia de política comercial y aranceles estadounidenses, también afectará la demanda externa, aunque confía en que este lastre se vea parcialmente compensado por una sólida demanda interna, que incluye un repunte de la inversión.
En su informe, el FMI señala el riesgo global a la baja que representaría la intensificación de las medidas comerciales, en particular las que involucran a la UE, “aunque la limitada exposición general de España a las exportaciones de EE.UU. contendría las pérdidas de producción”.
En el caso español, simulaciones realizadas por la institución sugieren que cada aumento de 10 puntos porcentuales en los aranceles estadounidenses sobre la UE “podría reducir el PIB de España en aproximadamente un 0,1% a corto y medio plazo”, sin considerar posibles no linealidades, nuevos picos de incertidumbre y disrupciones en las cadenas de valor globales que podrían generar cuellos de botella en el suministro.
Al margen del comercio internacional, el FMI también advierte del riesgo a la baja relacionado con la fragmentación política interna en España, que podría dificultar la respuesta de la política fiscal en caso de que la reducción del déficit no cumpla con sus compromisos o surjan preocupaciones del mercado sobre los riesgos soberanos.