El fraude en el IRPF en España sigue siendo elevado, aunque tras el parón de la pandemia se está registrando un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales. Las rentas ocultas de trabajadores, empresarios, inversores y caseros se situaron en el 2022 en 112.000 millones de euros, según un estudio publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) bajo la firma de Jaime Vallés y Anabel Zárate. Este dato implica una mejora respecto a las cifras del cuando el fraude ascendía a 140.000 millones en el 2019.
El trabajo cuantifica la brecha fiscal existente en el país entendida como la renta no declarada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a lo largo de los últimos años. Ese concepto engloba la ocultación deliberada de rentas, la elusión fiscal o diferencias conceptuales y estadísticas entre fuentes tributarias. Vallés y Zárate aclaran, no obstante, que este concepto “no debe confundirse con la economía sumergida, que engloba también actividades ilegales o empleo no registrado e implica además a otros impuestos”.
El trabajo desgrana el nivel de cumplimiento fiscal de cada tipo de renta. Así, las del trabajo son las que presentan las mejores oblicaciones tributarias. En torno a nueve de cada diez trabajadores declara correctamente su actividad. Ello se debe, según los autores, a que las retenciones se producen en origen, lo que “limita de manera muy eficaz las posibilidades de ocultación”. Sin embargo, el resto de las rentas distintas al trabajo cuentan con una “trazabilidad administrativa mucho menor” y, por tanto, “muestran niveles de cumplimiento fiscal mucho más bajos”.
Así, las rentas de actividades económicas y capital inmobiliario son las que acumulan un mayor nivel de fraude, o de “brecha fiscal”, empleando la terminología de los autores del informe. Estas rentas registraron en el 2022 casi la mitad de la ocultación, lo que supuso 54.000 millones no declarados al fisco. La brecha de las rentas de capital mobiliario fue de 12.500 millones ese mismo año.
Con este panorama, el estudio publicado por Fedea cuantifica una pérdida de recaudación de un mínimo de 21.000 millones y un máximo de 51.000 millones en el 2022, lo que supone entre el 1,5% y el 3,7% del PIB de ese año.
Madrid, Cantabria y Comunidad Valenciana presentan cumplimientos superiores al promedio nacional
El estudio muestra, por tanto, una mejora generalizada del cumplimiento fiscal general respecto a los valores de las dos primeras décadas del siglo XXI. En el 2006 se cuantificó un fraude de rentas de 157.000 millones y en 2019, de 140.000 millones. La pandemia supuso una caída de la actividad y los registros de rentas ocultas de desplomaron hasta los 91.000 millones. En cuanto a la pérdida de ingresos, el estudio apunta a una tendencia similar, ya que los mayores niveles de merma en la recaudación se registraron en el 2012 y 2013, con 67.000 y 68.000 millones perdidos.
Analizando los datos por comunidades autónomas, el informe destaca que “persisten patrones territoriales estables”. Madrid, Cantabria y Comunidad Valenciana presentan cumplimientos superiores al promedio nacional, mientras que Andalucía, Canarias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja presentan sistemáticamente cumplimientos inferiores. Ello se debe, “probablemente, a un mayor peso de sectores tradicionales, con menor trazabilidad, y de territorios con particularidades geográficas, como la insularidad o la dispersión demográfica, que dificultan el control”.
Las mejoras absolutas más pronunciadas en el cumplimiento fiscal total se observan en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha. Las menores, en Asturias y Aragón. Catalunya se sitúa en niveles medios en todos los parámetros.
El Ministerio de Hacienda lleva tiempo intentando incrementar las actuaciones sobre la ocultación de rentas. Así, la Agencia Tributaria concluyó que el importe del IRPF recuperado se aproximó en el 2022 a los 10.000 millones de euros.
