El Gobierno está decidido a afrontar el riesgo de llevar su proyecto de presupuestos generales del Estado al debate de totalidad sin contar, por el momento, con los apoyos necesarios y hoy mismo ha dado el pistoletazo de salida a la tramitación de las cuentas con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la conocida como “orden de elaboración de presupuestos”.
El movimiento tiene una especial relevancia política. El Ejecutivo evitó dar ese paso el año pasado tras constatar que carecía de apoyos suficientes. Retirar el proyecto, de hecho, le permitió esquivar lo que hubiera sido una sonora derrota parlamentaria que habría dado aire a la oposición. Pero ahora, superado el ecuador de la legislatura, entiende que debe hacerlo y que sean los grupos que se opongan a la actualización de los presupuestos los que expliquen sus motivos.
Hasta la fecha, el rechazo de un proyecto presupuestario en el debate de totalidad había derivado en la convocatoria de elecciones anticipadas. Pedro Sánchez, sin embargo, ya advirtió el lunes que esa dinámica no se repetirá y que, incluso si la Cámara tumba las cuentas, la legislatura seguirá hasta el 2027.
La justificación del Ejecutivo, compartida tanto por el presidente como por la vicepresidenta primera, pasa por relativizar el alcance de ese trámite parlamentario. “A veces se sacraliza el proyecto de presupuestos. Es importantísimo, no cabe duda, pero los presupuestos son un instrumento para llegar a un fin”, defendió ayer Montero tras el Consejo de Ministros. “Pero los actuales presupuestos, aún prorrogados”, añadió, “permiten avanzar en las prioridades del Gobierno, que pasan por reducir desigualdades, mejorar la economía y blindar el Estado de bienestar”.
Con todo, el plan de la Moncloa es presentar en las próximas semanas la senda de déficit, previsiblemente en octubre o noviembre, y que, si finalmente las cuentas del 2026 no salen adelante, sean las formaciones que decidan tumbarlas las que expliquen sus motivos.
El PNV y EH Bildu admiten la dificultad de aprobar las cuentas, pero se muestran dispuestos a negociar
Es por ello que Montero reclamó ayer a todos los grupos que concentren las conversaciones en lo estrictamente presupuestario. El mensaje interpela en particular a Podemos, que ha puesto sobre la mesa exigencias de “difícil encaje” para el Ejecutivo, como revertir el aumento del gasto militar, romper relaciones con Israel y fijar por ley una rebaja del 40% en los precios del alquiler.
Del lado de los socios vascos, las posiciones basculan dentro del escepticismo. El PNV ya ha advertido de que ve “casi imposible” que el Gobierno saque adelante las cuentas, aunque se ha comprometido a negociar con “lealtad”. EH Bildu, por su parte, admitió ayer que la aprobación resultará “muy difícil”, por lo que apostó por preservar un “programa democrático” que mantenga unido al bloque de la investidura y frene los intereses partidistas.
En lo que respecta a ERC, los republicanos siguen presionando por la financiación singular y el traspaso de competencias, vinculando esas demandas a la estabilidad de la Generalitat como socio externo del PSC en el Govern.
Jordi Turull, por su parte, dejó bien claro el posicionamiento de Junts. El secretario general de los posconvergentes advirtió de que, antes de sentarse a negociar, el Gobierno deberá acreditar que han cumplido las inversiones previstas en Catalunya en las cuentas actuales: “No negociaremos sobre una estafa”.
Desde la oposición, el PP no esperó al resultado del proceso negociador y, agarrándose a las declaraciones de Sánchez, acusó al presidente del Gobierno de “dinamitar” los “cimientos” de la democracia por gobernar de espaldas al Congreso.
El PP acusa a Sánchez de “dinamitar la democracia por gobernar de espaldas al Congreso”
Ante este escenario, los populares plantean una reforma legal, que incluye cambios en la Constitución, para que se convoquen elecciones automáticamente si un gobierno acumula dos prórrogas presupuestarias consecutivas, como ocurre en estos momentos en España.
