El Gobierno busca retomar la iniciativa en la que se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, el acceso a una vivienda digna, con el anuncio de nuevas medidas destinadas a frenar la escalada de los precios. Estas formarán parte de un real decreto ley que se aprobará en las próximas semanas con incentivos fiscales para los propietarios que no suban el alquiler. Una iniciativa que no tendrá el camino fácil, porque Sumar ya ha advertido que no respaldará una iniciativa tildada de “fórmula pensada para rentistas”.
El texto prevé bonificaciones de hasta el 100% en el IRPF para los propietarios que bajen o mantengan los alquileres, de tal modo que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler, según ha anunciado este lunes el presidente Pedro Sánchez durante el acto del inicio de las obras del Nuevo Barrio Campamento de Madrid. “De esta forma, ganan todos, los inquilinos pueden permanecer en su vivienda sin más coste y los propietarios no tienen que buscar otros arrendatarios ni renunciar a sus ingresos”, ha añadido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de los ministros de Viivienda, Isabel Rodríguez, Transformación Digital, Óscar López, y Presidencia, Félix Bolaños
Actualmente, en zonas declaradas tensionadas existe ya una bonificación de hasta el 90% en casos de reducir el alquiler un 5% respecto al contrato anterior. El nuevo decreto ley prevé que la bonificación sea de hasta el 100% en caso de reducir la renta y que se aplicará en todo el territorio, aunque no sean zonas tensionadas. También habrá una bonificación para quienes no suban el alquiler, pero el porcentaje que se aplicará todavía no está decidido.
El Ministerio de Vivienda calcula así que en el caso de un alquiler de 1.100 euros mensuales en Barcelona o en Madrid, si el propietario reduce un 5% el precio y se beneficia de la bonificación del 100% del IRPF, el inquilino ahorraría 660 euros anuales y el casero 650 euros. Este ahorro del propietario incluye el dinero que deja de ingresar por el alquiler.
En Barcelona, para un alquiler de 1.100 euros al mes, el inquilino ahorraría 660 euros anuales y el casero 650
En Valencia, en el caso de un contrato de 850 euros mensuales supondría un ahorro de 510 euros anuales para el arrendatario y de 500 euros para el propietario.
La medida está sobre todo dirigida a los más de 600.000 contratos de alquiler iniciados en 2021, según cálculos del Ministerio de Consumo, y que, pasados cinco años, van a ser renovados este 2026. Estos se firmaron en plena pandemia, cuando se aplicaron medidas de contención y el mercado inmobiliario se enfrió, y se enfrentan a una fuerte subida, estimada en un 35% de media.
El objetivo de la nueva medida es ayudar los propietarios comprometidos con ofrecer un alquiler asequible, a la vez que se refuerzan las medidas de sanción para luchar contra la especulación. El real decreto ley , que deberá ser ratificado por el Congreso de los Diputados, incorporará también una regulación que fijará condiciones “estrictas” para que un alquiler pueda ser considerado de temporada, así como un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.
Una tercera medida prevé poner freno a la tendencia detectada de convertir pisos enteros en alquileres por habitaciones. El texto pondrá tope a estos precios para que la suma del arrendamiento de habitaciones no supere el alquiler total del piso. Y en zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de renta que contempla la ley de Vivienda.
El presidente ha hecho estos anuncios en el acto de inicio de los trabajos de demolición previos a las obras del Nuevo Barrio Campamento, en Madrid, en unos antiguos terrenos de Defensa de unas 211 hectáreas donde se construirán unas 10.700 viviendas asequibles. El nuevo barrio ofrecerá tanto vivienda de alquiler como de compra.
El proyecto, iniciado a finales de ochenta, llevaba décadas paralizado. “Después de 40 años de idas y venidas, esto ya es hoy una realidad”, ha apuntado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Sumar ha reaccionado con una mezcla de estupor político y ruptura discursiva a estos anuncios en un terreno, el de la vivienda, convertido desde hace meses en uno de los principales ejes de fricción de la coalición.
Yolanda Díaz considera la medida un “grave error” que “regala dinero público a los rentistas”
En la dirección de Sumar admiten estar “estupefactos” tras constatar que el PSOE no ha incorporado ninguna de sus propuestas y ha optado por medidas que consideran “radicalmente en contra” de su planteamiento. “Es difícil de comprender que el PSOE ponga el foco en los caseros y no en las personas que están padeciendo, viviendo y sufriendo la emergencia habitacional”, ha afirmado la coordinara general, Lara Hernández.
El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han avanzado que el grupo descarta apoyar el decreto ley. Para Ibáñez, diputado de Compromís, el texto se ha elaborado “pensando en los rentistas”. Díaz ha calificado en BlueSky la iniciativa de “grave error” por “regalar dinero público a los rentistas”. También se han pronunciado en contra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el de EH Bildu, Oskar Matute.
