El Consejo de Ministros del próximo viernes tiene previsto aprobar un paquete de ayudas económicas y fiscales destinadas a los sectores agrario, pesquero y de transporte para paliar los costes adicionales a los que ya están teniendo que hacer frente consecuencia de la guerra iniciada en Irán hace ya más de dos semanas. En concreto, las medidas en las que está trabajando el Ministerio de Economía, en colaboración con los de Hacienda y Agricultura principalmente, se centrarán en bonificaciones a la adquisición de gasóleo agrícola (el B) y de fertilizantes, en el caso del campo y la pesca, y una rebaja extraordinaria en el combustible a los profesionales de vehículos pesados por carretera, según avanzan fuentes gubernamentales.
En el paquete referente al gasóleo agrícola, el Gobierno trabaja con un esquema de bonificaciones fiscales que amortigüe las subidas que se están produciendo en los últimos días, cercanas al 15%. El campo y la pesca verían un alivio en sus costes fijos si se aprueba esta medida. Para el transporte por carretera, por su parte, el Ejecutivo trabaja en un esquema similar a la bonificación al carburante para los profesionales que estuvo en vigor en el 2022 y 2023.
Economía y Hacienda se fijan en ayudas económicas que estuvieron en vigor en la crisis derivada de la guerra en Ucrania
Economía y Hacienda se están fijando, en efecto, en algunas de las ayudas económicas que estuvieron en vigor tras la crisis derivada de la guerra en Ucrania para adaptarlas al escenario actual. Se descarta la bonificación generalizada de 20 céntimos en el precio del carburante, así como una rebaja del IVA de los alimentos, medidas regresivas que beneficiaron más a las rentas altas, y se trabaja en un paquete focalizado y más eficaz. “No vamos a disparar con pólvora del rey sino con un plan eficaz para ayudar a los sectores afectados”, afirma una fuente que está trabajando en el decreto que se aprobará en tres días.
En el 2023, la extensión de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para profesionales del transporte tuvo un coste fiscal de entre 400 y 500 millones durante los seis meses que estuvo en vigor, según estimaciones del Banco de España, y la del gasóleo agrario restó 240 millones a las arcas públicas, según cálculos del Ministerio de Agricultura. En el 2023, el Gobierno activó también ayudas de Estado para la compra de fertilizantes. El presupuesto fue de 300 millones y hubo unos 250.000 beneficiarios, según también el ministerio. Se ayudó con 22 euros por hectárea a los cultivos de secano y con 55 euros por hectárea a los de regadío.
De esta forma, el área económica del Ejecutivo apuesta para amortiguar la actual crisis de precios por medidas dirigidas a sectores con una especial sensibilidad al aumento de los precios, ya que un encarecimiento de sus costes fijos se traslada de forma rápida al resto de la cadena y, por tanto, a las economías de las familias especialmente a través de un encarecimiento de los alimentos.
Las previsiones de analistas privados pasan por que el conflicto en Oriente Medio pueda provocar una inflación de hasta el 4% interanual en los próximos meses. No es el mismo escenario desatado tras la invasión de Ucrania, donde la inflación llegó al 10,8% (julio del 2022) ni tampoco existe un problema de suministros, pero el Gobierno sí ve necesario actuar de forma rápida con un paquete ambicioso.
El Gobierno ha llegado a valorar aprobar dos decretos escalonados en el tiempo, a medida que fuera evolucionando el conflicto en Oriente Medio, en previsión de que la tensión se redujera. Sin embargo, la realidad, principalmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz, apunta a que los problemas en los precios se pueden extender durante un tiempo indeterminado.
Alza de precios en el sector alimentario
La industria alimentaria denunció ayer que ya está notando el conflicto en Oriente Medio en su actividad a través de una subida de precios en sus costes fijos. El presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Ignacio Silva, aseguró antes de reunirse con los ministros de Economía y Agricultura, Carlos Cuerpo y Luis Planas, que “el impacto [del conflicto] está siendo inmediato” y citó perjuicios para la actividad del sector en forma de subidas en “combustibles, fletes, seguros y las materias primas que se importan de aquella zona”. El empresario, que es presidente y consejero delegado de la aceitera Deoleo, añadió que las empresas aún no están repercutiendo estas alzas en los precios de los alimentos. Esta patronal de la alimentación ve necesario aplicar medidas “ágiles” para mitigar el efecto del encarecimiento de los suministros. En la misma línea se posicionaron las organizaciones agrarias, que se reunieron ayer con Planas. COAG reclamó recuperar la bonificación al gasóleo agrícola, un anticipo de las ayudas de la PAC y una investigación de la CNMC sobre las subidas “injustificadas”, en opinión del sindicato, de los precios de los insumos agrarios.
