El Gobierno aprobará hoy definitivamente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que arranque cuanto antes su tramitación parlamentaria. Se trata de una reforma muy ambiciosa dado que en los últimos gobiernos desde José Luis Rodríguez Zapatero se ha intentado modificar, sin éxito, una ley que es de 1882. La modificación más relevante es conceder a los fiscales la instrucción de las causas judiciales, es decir, dirigir las investigaciones.
Gran parte de las asociaciones tanto judiciales como fiscales -excepto las dos progresistas- consideran que no es el mejor momento para dar esa batuta a los fiscales justo ahora que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está a las puertas de un juicio por revelación de secretos.
No obstante, el Ejecutivo confía en poder lograr los apoyos necesarios para sacar adelante esta ley, a pesar de que el apoyo de Junts, necesario para obtener la mayoría en el Parlamento, está al borde de la ruptura.
Respecto a las dudas sobre la autonomía e independencia de la Fiscalía general con Álvaro García al frente, fuentes del Ejecutivo sostienen que en todo caso esta ley no entraría en vigor hasta el 2028, es decir, un año después de que al actual número 1 del ministerio público se le acabe su segundo y último mandato.
La idea de la reforma es atribuir las investigaciones penales a los fiscales, “tal y como ocurre en los países de la Unión Europea”, pasando al juez a hacer la labor de garantizar el proceso. El juez de garantías pasaría a controlar los plazos de la instrucción o quien autorizase las medidas cautelares como la prisión preventiva, entre otras funciones.
La reforma limita la actuación de las acusaciones populares, para que sólo puedan actuar en asuntos referidos a delitos que tengan una particular repercusión social “siempre que se acredite un vínculo legítimo” con el asunto en cuestión, explican fuentes del Gobierno.
Informes del CGPJ y Consejo de Estado
En algunos sectores judiciales ven esta medida con cierto sigilo aunque el Tribunal Supremo haya dejado reflejado en varias de sus sentencias la necesidad de limitar a los partidos políticos como acusación popular para evitar la utilización de la justicia como arma política. Sin embargo, es cierto que a día de hoy casos como el del fiscal general, el de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la de su hermano, han seguido adelante por las acusaciones populares ya que la Fiscalía ha pedido el archivo de las tres.
Según estas fuentes, han tenido en cuenta parte de las recomendaciones de los informes del Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado. El primero de ellos se hizo público tras su aprobación mientras que el del órgano que dirige Carmen Calvo no se le ha dado publicidad, en base a la norma de que no se dan a conocer sus dictámenes hasta que la ley esté aprobada definitivamente.
