El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la oferta de empleo público (OPE) de 2025 con 36.588 plazas, incluyendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como las Fuerzas Armadas. La oferta está un 9% por debajo de la OPE 2024, que superó las 40.000 plazas.
De estas, más de 25.000 plazas, unas 27.697 plazas, son de nueva creación, “un dato que bate un récord por quinto año consecutivo”, afirmó el Gobierno.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha detallado, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que esta iniciativa pretende “reforzar el estado del bienestar, revertir los recortes de la anterior administración, digitalizar la función pública y mejorar la atención directa a los ciudadanos”.
La convocatoria está así “enfocada hacia la atención a la ciudadanía”, con 8.851 plazas en cuerpos y escalas en la AGE para reforzar las oficinas de asistencia en materia de registros y las oficinas de tramitación y prestaciones. El ministro puso como ejemplos las oficinas del DNI, de la Seguridad Social, del catastro, “oficinas importantes para la atención al ciudadano”.
López también destacó que se reserva un 10% de las plazas para personas con discapacidad, en total 2.610 plazas, de las que 538 serán para personas con discapacidad intelectual, para “reforzar el derecho constitucional a la igualdad”.
Este Gobierno ha convocado más de 30.000 plazas de media al año, el triple que la anterior administración. “Cumplimos nuestros compromisos con Europa y con la ciudadanía al ejecutar una selección de talento público cada vez más eficaz, precisa e inclusiva”, ha destacado el ministro Óscar López
El RD de oferta en la Administración General del Estado (AGE) sigue apostando por la recuperación progresiva y sostenible del empleo público, refuerza el área funcional de atención a la ciudadanía y avanza en la cohesión territorial y social.
“El Gobierno progresista tiene un proyecto público claro, ambicioso y diferencial. Un modelo que en siete años ha roto la dinámica de abandono y recortes que protagonizó el PP hasta 2018”, ha añadido el titular.
“De ahí el valor de este Real Decreto, porque inyectamos savia nueva al Estado para darle la solidez, la cercanía y las capacidades que exige el momento social, económico e histórico”, ha concluido el ministro.
Los sindicatos se opusieron a esa oferta al entender que resultaba insuficiente tanto en la creación de empleo neto como en la cobertura de servicios a la ciudadanía, dado que además la OEP es inferior a la del año pasado. El ministro no ha dado la cifra de creación de empleo neto definitiva, con las plazas aprobadas pero fuentes cercanas a la negociación con los sindicatos estimaron, el pasado 3 de julio tras la última reunión, que ascenderían a 4.500 plazas.
Para CCOO, esa cifra resulta insuficiente y sólo consigue mantener el volumen de personal público, pero no crear empleo en la Administración General del Estado (AGE). Además, denunciaron que en el último ejercicio se perdieron 12.015 efectivos, una cifra superior a las 10.000 bajas del año anterior.
CCOO estimó que, para atender las necesidades del servicio público a la ciudadanía, se necesitan un mínimo de 26.400 puestos. Para el sindicato, también resulta imprescindible que el Gobierno desarrolle medidas para garantizar la cobertura de todas las plazas convocadas, ya que, según sus análisis, en 2024 quedaron unas 5.000 plazas desiertas.
Los sindicatos participantes en las negociaciones también se opusieron al mantenimiento de la tasa de reposición, a pesar de que José Luis Escrivá, cuando era ministro de Función Pública, se comprometió a eliminarla para reducir la temporalidad en el empleo público.
El Gobierno lanzó una convocatoria de 40.146 plazas en la OEP de 2024. De esas, 31.465 fueron para la AGE, y el resto se reparte entre el Cuerpo Nacional de Policía, con 2.857 vacantes; la Guardia Civil, con 3.158; y las Fuerzas Armadas, con 2.666.
En las plazas de la AGE, más de 10.000 se destinaron a promoción interna. Además, la OEP de 2024 fue la primera en el que el 10% de las plazas, unas 3.147, se dedicaron a personas con discapacidad y, de ellas, 629 fueron para personas con discapacidad intelectual.
