El pasado 26 de febrero, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular abandonaron en bloque a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal en el que se aprobó la condenación de la deuda. El 4 de abril, los consejeros populares plantaron al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la Conferencia Sectorial de Justicia que abordó la financiación de la nueva ley de Eficiencia. Hoy, 28 de abril, la ministra de Juventud e Infancia, pretende debatir la reubicación de 4.400 menores migrantes no acompañados en la sectorial en la que las regiones gobernadas por el PP pueden volver a dar plantón al Gobierno.
A las 16 horas están todas las comunidades convocadas, de forma extraordinaria, a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se tratarán los aspectos esenciales sobre cómo llevar a cabo el traslado de los niños y adolescentes extranjeros sin amparo familiar que permanecen en zonas con una alta presión migratoria, como actualmente son Canarias y Ceuta. La modificación de la ley de Extranjería, convalidada el 10 de abril en el Congreso gracias a los votos favorables de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez, otorga a la Conferencia Sectorial el poder de poder cambiar elementos clave para calcular la distribución –como la ponderación de los criterios–, pero cualquier modificación requiere unanimidad. Así, la reunión se prevé un trámite porque tanto en el Gobierno como en las comunidades tienen claro que es imposible ese consenso. El decreto aprobado especifica que, de no haber acuerdo unánime en otro sentido, se seguirá adelante con el mecanismo en los términos establecidos.
La Conferencia Sectorial
Tiene el poder de cambiar los criterios del reparto pero es necesaria unanimidad
La posibilidad de fumata blanca unánime es tan remota que hasta el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, declaró este fin de semana que alberga “pocas esperanzas” en que la reunión defina lo que se ha llamado capacidad ordinaria –los menores migrantes que cada comunidad debería tener a su cargo en función de su población– para así fijar la cuota que corresponde a cada comunidad.
Lo que sí habrá en la reunión será “alta tensión”, como advierten desde la Comunidad de Madrid, que consideran la convocatoria “ilegal”. Hasta tal punto que la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha pedido a la ministra Rego que cancele la sectorial al considerar que el Gobierno central está invadiendo competencias que residen en las comunidades. “Somos nosotros quienes tenemos la competencia de proteger los derechos de los menores. Especialmente, cuando se trata de atenderles en situación de desamparo, la peor en la que se puede encontrar un niño”, asegura Dávila.
También Aragón, desde donde ni tan siquiera se ha informado al ministerio de los menores inmigrantes que tiene bajo su tutela, mostró su total rechazo a la cita, incluso recurriendo la convocatoria al considerar que deriva del decreto al que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón le ha declarado la guerra total. Este recurso contencioso se suma al presentado hace dos semanas por el que Aragón impugnaba el requerimiento de Rego para la remisión de los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores en Aragón.
La Región de Murcia también mostrará su rechazo a la propuesta de contingencia migratoria “por hacerse de espaldas a las comunidades autónomas”, según señaló ayer la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, y por tratarse de “un documento hecho a medida de los intereses de Catalunya, los socios independentistas de Sánchez”. Ruiz avanzó que sí asistirá para votar en contra.
La reunión pretende aprobar
La declaración de la contingencia en Canarias y Ceuta para activar el reparto
A falta de conocer si finalmente hay movimiento orquestado por las comunidades del PP, algunas de las cuales han recurrido el decreto al Tribunal Constitucional (Madrid, Cantabria, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón), Rego ha explicado que planteará a todas las regiones un acuerdo para declarar la contingencia migratoria extraordinaria en Canarias y Ceuta, cuyo sistema de protección excede tres veces su capacidad ordinaria para así dimensionar los diferentes sistemas autonómicos. Esto permitirá activar de una vez el plan de respuesta para que los primeros traslados se empiecen a llevar a cabo durante el verano, según los tiempos que maneja el Gobierno.
El decreto prevé un plazo de un año para completar el traslado de los 4.000 menores migrantes procedentes de Canarias y otros 400 de Ceuta. Sin embargo, y he aquí la clave del reto, el texto establece que una vez declarada la situación de contingencia migratoria en alguno de los territorios, los nuevos menores que lleguen de manera irregular a la comunidad deberán ser derivados a la otra región que corresponda en un plazo máximo de 15 días.
