La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha evitado este viernes aclarar la posición del Gobierno respecto a la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz que solicitaron ayer las propietarias de la planta Iberdrola, Endesa y Naturgy.
En declaraciones a los periodistas, Aagesen ha celebrado que las empresas hayan dejado atrás una de sus exigencias principales como era la rebaja del los impuestos. Que el proceso de ampliación de Almaraz no cueste ni un céntimo a los ciudadanos era una de las líneas rojas que había puesto el Gobierno para aceptar ese cambio en el calendario de cierre pactado en 2019.
La otra era que la seguridad de la planta esté garantizada. Eso es lo que debe estudiar ahora el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Se abre así un proceso para el que la ley le otorga a este organismo un plazo de hasta dos meses antes del cierre de la central. Esto es el informe podría demorarse como máximo hasta el 31 de septiembre de 2017, dado que el día previsto para el cierre del reactor I de Almaraz es el 1 de noviembre de ese mismo año. Y tal y como ha confirmado Aagesen “no hay un plazo mínimo establecido”.
Sensación de victoria
El Gobierno se decanta por tanto porque los dos procesos, tanto el de cierre como el de ampliación, discurran en paralelo. La ministra ha explicado que no está entre las atribuciones del Ministerio ni del Gobierno atender a la demanda de las eléctricas de paralizar el proceso del cierre de Almaraz. “Se trata de un procedimiento reglado por la ley en el que no podemos intervenir”, ha explicado la ministra.
En el Ministerio se celebra la decisión de ayer de las propietarias del Almaraz de presentar una solicitud de ampliación de la central como una victoria tras más de un año de tensión con el sector.
No sólo porque dan por entendido que la demanda implica haber dejado a un lado la rebaja de impuestos que venían solicitando sino también porque este movimiento deja claro que no era necesario modificar ningún procedimiento legal para poder hacerlo como las eléctricas habían solicitado y el Partido Popular ya estaba tratando de tramitar.
