El Gobierno abrió ayer la semana política retomando la controversia por el veto del Partido Popular y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla (Murcia) que, tras las críticas vertidas por la Conferencia Episcopal Española (CEE), han colocado al PP en una situación incómoda por el acercamiento a los postulados más extremistas de los de Santiago Abascal.
El Ejecutivo, a través de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, remitió un requerimiento formal al Ayuntamiento para anular el acuerdo adoptado por las dos derechas para prohibir el uso de instalaciones deportivas municipales para actos religiosos ajenos a la corporación pero que, en la práctica, supone un obstáculo específico para festejos como el fin del Ramadán o la fiesta del Cordero, que llevan varios años celebrándose con absoluta normalidad en la citada localidad murciana.
El escrito, firmado por la delegada María Dolores Guevara y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, considera que la medida vulnera principios constitucionales como la libertad religiosa, la igualdad y la neutralidad de las administraciones públicas. Y advierte de que la motivación “real” del acuerdo no se apoya en criterios técnicos u organizativos, sino en “una finalidad ideológica de exclusión religiosa” que supone “una clara desviación de poder”.
El Ejecutivo asegura que el acuerdo vulnera la libertad de culto y constituye “una clara desviación de poder”
El requerimiento no se circunscribe únicamente a los acuerdos adoptados en el pleno municipal de Jumilla, sino que apunta a cualquier resolución que el partido ultra y el PP pudieran firmar en otros territorios al deslizar que “se combatirá política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”.
Para el Ejecutivo, la exclusión de actos religiosos ajenos al Ayuntamiento, “sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos”, supone una restricción injustificada del ejercicio colectivo del culto cuando, como marca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, debe estar motivada con criterios objetivos.
Aunque en el Gobierno explican que aún no se está en la siguiente pantalla, el requerimiento es el paso previo a poder abrir la vía judicial. Ahora, el Ayuntamiento tiene un mes para responder a él. Si no lo hace, se podría abrir la puerta a un contencioso-administrativo.
La respuesta del Partido Popular llegó pocas horas después. En un intento por atajar una polémica que le está erosionando, el vicesecretario de hacienda y vivienda, Juan Bravo, actuó como portavoz para desacreditar el requerimiento del Ejecutivo, asegurando que la moción “no tiene ningún efecto jurídico” y que se trata de “manifestaciones políticas” sin alcance real.
Aunque el partido sigue avalando a la corporación municipal de Jumilla insistiendo en que la enmienda aprobada hace dos semanas “no señala expresamente a ninguna confesión”, la dirección de Génova se ha visto empujada a intentar poner fin, o al menos salirse, al fuego cruzado después de que Santiago Abascal, líder de Vox, arremetiera la víspera contra el “silencio” de una parte de la jerarquía eclesiástica, en referencia a la CEE. Todo ello porque el organismo católico había pedido “respetar el derecho a la libertad religiosa” en apoyo a la comunidad musulmana en respuesta a la decisión de Jumilla.
Si el Ayuntamiento de la localidad murciana no responde en un mes al requerimiento, se puede abrir la vía judicial
Bravo acusó tanto a Vox como al PSOE de “buscar la confrontación” y “levantar muros cada vez más altos”, contribuyendo a la polarización. “¿De verdad vamos a hacerles el juego a quienes buscan polémica para ganar un espacio que no tienen –por los de Abascal– y a quienes pretenden que se deje de hablar de la corrupción de Santos Cerdán –por los socialistas–?”, se preguntó.
Preguntado específicamente por las declaraciones de Abascal, quien acusó a la Iglesia de estar “amordazada” por las ayudas que recibe Cáritas para causas sociales, Bravo evitó abrir ningún frente con su socio en buena parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobiernan y se limitó a afirmar que “no merecen más análisis”.
El PP intenta bajar el diapasón de la controversia en la que se ha visto envuelto. Con el Gobierno dispuesto a judicializar el caso, una Iglesia que reclama respeto para las minorías religiosas y un socio parlamentario que compite por la hegemonía en el flanco derecho. Un triángulo que, lejos de cerrarse, amenaza con convertirse en un círculo vicioso.
