El Gobierno ha aprobado hoy que algunas instalaciones y terrenos abandonados donde en su día hubo cárceles se conviertan en suelo finalista para construir vivienda social. En concreto, el Consejo de Ministros ha habilitado la incorporación al patrimonio de Sepes, la que será la futura empresa pública de vivienda, de infraestructuras penitenciarias que formaron parte del Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP). En total, ocho instalaciones carcelarias se transformarán en inmuebles.
El acuerdo aprobado por el Ejecutivo contempla convertir las antiguas cárceles o terrenos penitenciarios de Carabanchel (Madrid), Sevilla, Córdoba, Dénia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos) en viviendas protegidas. La estimación que realiza el Ministerio de Vivienda es que se podrán construir hasta 1.332 inmuebles en estas infraestructuras que albergaron a miles de presos y que están ubicadas en cinco comunidades autónomas en distinta situación de planeamiento urbanístico.
Los ocho inmuebles carcelarios o terrenos seleccionados tienen un valor de 78 millones. En algunos casos fueron cárceles icónicas durante la dictadura, como es el caso de Carabanchel, que hoy es un solar. Sepes se encargará de la completa urbanización de la actuación, aunque dispone de tres parcelas totales y parte de una cuarta compartida. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no ha concretado cuándo estarán disponibles los inmuebles para albergar a las primeras familias, pero sí ha afirmado que la urbanización y construcción se acelerará lo máximo posible. Esta actuación en la capital será paralela a la Operación Campamento, situada en una zona cercana.
Los ocho terrenos pertenecían a la sociedad pública Siepse, gestionada por el Ministerio de Interior, y se trasferirán al Sepes. En el 2019, el Gobierno aprobó el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP) para adaptar estos terrenos que en su día fueron prisiones. El mandato fue ampliado hasta el 2028.
Cada una de las distintas prisiones se encuentra en diferente estado de conservación. La de Carabanchel, en Madrid, es un terreno de 27.000 metros cuadrados donde se prevén levantar 508 viviendas. El terreno se encuentra pendiente de proyecto de urbanización. La antigua Prisión Provincial de Madrid fue construida por el régimen franquista y funcionó hasta el 1998.
La antigua Prisión Provincial de Madrid, en Carabanchel, fue construida por el régimen franquista y funcionó hasta el 1998
Otra actuación afectará a la cárcel de La Ranilla, en Sevilla. En el terreno, de 500 metros cuadrados, se podrán construir hasta 240 viviendas. En la antigua cárcel de Córdoba, por su parte, situada en el barrio de Fátima, se levantarán 174 inmuebles y las antiguas casas de los ferroviarios de Denia, terreno propiedad de Instituciones Penitenciarias, podrán albergar 145 viviendas.
En la antigua cárcel provincial de Segovia habrá 140 pisos; en la cárcel de Torrero, en Zaragoza, habrá 64; y en el ya clausurado Centro Penitenciario de Cumplimiento de Segovia vivirán 53 familias. Por último, en la Prisión Central de Burgos, en Briviesca, se podrán construir 8 viviendas.
Antes de incorporar estos terrenos penitenciarios, Sepes ya firmó la adscripción de 17 inmuebles de Defensa, que en su día fueron cuarteles militares, con capacidad para 1.000 viviendas. Además, el pasado mes de julio incorporó 30.000 casas y 2.400 suelos de la Sareb. En total, la futura empresa pública de vivienda suma ya casi 35.000 viviendas ya construidas o que se podrán edificar durante los próximos años.
