Una y otra vez en este segundo mandato queda claro que el presidente Donald Trump utiliza las herramientas del Gobierno federal para resolver sus agravios personales y cuentas políticas.
Ahora le toca afrontar la ira vengativa a Jack Smith, fiscal que dirigió la investigación contra Trump por su intento de golpe de Estado el 6 de enero del 2021, cuando alentó a sus hordas a ocupar el Capitolio e impedir que se ratificara la victoria en las urnas de Joe Biden.
El caso se centra en que Smith, que investigó a Trump por el asalto al Congreso, interfirió en la campaña
El Departamento de Justicia anunció que ha abierto una investigación al exfuncionario. La oficina del fiscal especial de EE.UU. indicó que investigará la labor de Smith para determinar si violó la ley Hatch, regulación que restringe a los empleados del Ejecutivo su participación en la esfera política.
Según el presidente y sus asociados, Smith persiguió en el 2022 a Trump careciendo de capacidad legal con el único objetivo de frustrar su segunda campaña a la presidencia. Bajo ese punto de vista, el allanamiento del Congreso, los muertos, los heridos y la destrucción no consistieron más que “en una visita turística”, como les gusta calificarlo. El titular del Departamento de Justicia, Merrick Garland, nombró a Smith fiscal especial tres días antes de que el expresidente anunciara su nueva campaña para las elecciones del 2024.
En todo caso, la investigación a Smith resulta más que inusual. El mayor castigo por violar la citada ley significa la expulsión del empleo federal. Smith dejó el Gobierno a principios de este año, en los días previos a la segunda toma de posesión de Trump. Y, por lo general, este tipo de quejas se circunscriben a cuestiones civiles, no penales.
Smith siempre ha defendido las acciones que emprendió en este caso, cuya orden de procesamiento se vio frustrada por la táctica dilatoria de la defensa, con el beneplácito del Tribunal Supremo, dominado por jueces conservadores, que acabó dictado la casi total inmunidad del expresidente por sus actos.
Hace unos días, la fiscal general Pam Bondi ya echó a 20 funcionarios vinculados con el trabajo de Smith.
