En su nuevo examen a la sostenibilidad de las pensiones, la Airef se ha ratificado esta mañana en el dictamen que ya dio el año pasado: se cumple la regla del gasto y, por tanto, el Gobierno no tendrá que subir las cotizaciones, pero critica el mecanismo de análisis que se ha fijado y advierte que la sostenibilidad no está garantizada.
Por tanto, una aprobación “formal”, pero con críticas al indicador utilizado y avisos sobre el futuro de la sostenibilidad del sistema. El resultado es que el gasto neto en pensiones en promedio en el periodo 2022 y 2050 se sitúa en el 13% del PIB; por tanto, por debajo del límite del 13,3% establecido que obligaba, si se rebasaba, a tomar medidas y subir cotizaciones. Este 13% es una mejora respecto al informe del año pasado, dos décimas por debajo, debido a una mayor estimación del impacto de ingresos para fortalecer el sistema.
La Autoridad Fiscal llega a esta conclusión al contabilizar el impacto que tendrán las medidas de ingresos. Se parte del 14,6% de gasto público en pensiones en el periodo 2022-2050 que establece el Ageing Report de la Comisión Europea. A partir de este porcentaje, se le resta un 1,6% del PIB por estas medidas de ingresos, con lo que sale el 13% resultante. Supone una revisión al alza de dos décimas de estas medidas de ingresos.
Una revisión al alza motivada en buena parte por la reforma de las cotizaciones de los trabajadores autónomos que, con la información actualizada, suma tres décimas más de ingresos. Aquí se ha tenido en cuenta la primera fase (y hasta el momento única) de adaptación de las contribuciones de los trabajadores por cuenta propia a los ingresos reales. En teoría, tendría que avanzarse hasta una correspondencia plena a los ingresos en el 2032, pero por el momento, el proceso está paralizado.
Otras medidas de ingresos son el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el aumento de las bases máximas de cotización, la cotización adicional de solidaridad y los incrementos del SMI.
En estos cálculos no se ha tenido en cuenta el impacto de la reforma laboral, donde la Airef reconoce que se registra una menor temporalidad, pero considera que no hay evidencia suficiente aún para incorporar una mejora de la productividad.
Respecto a la regularización extraordinaria de inmigrantes, se considera que en el largo plazo no tendrá impacto. O, para ser exactos, un impacto muy limitado, solo un 0,03% del PIB como media en el periodo 2022 y 2050. Calcula una cifra de 337.000 nuevos ocupados, que el primer año pueden aportar un 0,7% del PIB y que todavía aumentará en los siguientes hasta el máximo del 0,11% en el 2030. A partir de aquel momento, la mejora queda absorbida.
“Se cumple regla de gasto, pero la sostenibilidad sigue siendo un desafío”, dice la Airef
A ese aprobado formal, la Airef le añade la crítica al mecanismo fijado para este examen, que no considera adecuado. Lo ha explicado la presidenta de la Airef, Inés Olondriz, al afirmar que “se cumple regla de gasto, pero la sostenibilidad sigue siendo un desafío y debería reformarse la regla de gasto para hacerla coherente con el marco fiscal europeo”.
El informe explica que “el cumplimiento formal de la regla del gasto de pensiones no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas” En este terreno, advierte que este escenario lleva a un aumento de la deuda que llegaría al 123% del PIB en 2050.
Los problemas de diseño del mecanismo que cita la Airef son los que ya indicó el año pasado. Critica que la regla del gasto de pensiones ofrece una visión parcial que solo se centra en un componente del gasto, que no incorpora la información más reciente y que, además, no encaja con el nuevo marco fiscal europeo.
Es por ello que advierte que, con esta trayectoria, para financiar el aumento de gasto en pensiones, las transferencias deberán incrementarse, con lo que o bien se reducirá de otras partidas o aumentará la deuda. Otra crítica es que no encaja con el nuevo marco fiscal de Europa.
En la situación actual, la Autoridad Fiscal no ve la sostenibilidad garantizada, y como muestra da dos datos, dos previsiones. Que se alcanzará el 123% de deuda y un déficit del 6,6% en el 2050. Explica cómo el envejecimiento presiona el gasto público en el largo plazo, con impacto en pensiones y también en sanidad y gastos de larga duración.
