El apagón de 28 de abril supuso un tsunami para las empresas energéticas del que no se ha parado de hablar y otro, mucho más discreto, para el de telecomunicaciones pese a que en algunos casos apenas fueron capaces de garantizar unos minutos de autonomía para sus clientes.
Por ello, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado este martes a consulta pública el Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas e Infraestructuras Digitales con el que busca mejorar la seguridad y garantizar el funcionamiento de las redes de telecomunicación en caso de emergencias, como el apagón de finales del pasado abril o una dana, unas medidas cuya implementación tendrán un coste de hasta 73 millones de euros para los operadores, según los cálculos del Gobierno.
Mantener al 85% de la población conectada
Uno de los puntos principales del borrador es garantizar que el 85% de la población española disponga, en caso de emergencia, de continuidad en el servicio de telecomunicaciones –entre ellos del servicio de llamadas al número de emergencias– durante al menos cuatro horas.
El apagón destapó una realidad que hasta entonces había pasado casi desapercibida como es que solo el 30% de las 10.400 antenas de red del país disponen de baterías o equipos electrógenos con capacidad para garantizar el suministro eléctrico durante 4 horas. El Gobierno quiere que esa medida se generalice por lo que habría que reforzar alrededor de 7.280 emplazmientos.
Audiencia hasta el 8 de enero
El texto que se somete desde hoy y hasta el próximo 8 de enero a audiencia pública también recoge que las redes y servicios de telecomunicaciones, así como determinadas infraestructuras digitales, son calificadas como instalaciones y servicios de “carácter esencial en situaciones de emergencia”.
El coste de esta actualización recaerá en los operadores de telecomunicaciones en España (como Telefónica, MasOrange, Vodafone o Digi, por ejemplo) y aquellos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cumplan ciertos criterios, como tener más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de euros de ingresos.
La nueva normativa también afectará a aquellos que estén designados como operadores críticos o presten servicios de emergencia, entre otros, si bien no se aplica a las redes vinculadas a la seguridad nacional ni a defensa.
Planes de seguridad por parte de las empresas
“Todos los sujetos mencionados deberán presentar un ‘Plan General de Seguridad’ con análisis de riesgos y medidas prioritarias, así como planes específicos por tipo de red y servicio, y por tipo de incidente”, recoge el documento.
De este modo, cada operador clasificará todas sus instalaciones en distintas categorías y en caso de que haya una interrupción del suministro eléctrico las infraestructuras de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas.
Las instalaciones de nivel intermedio deberán estar operativas durante al menos 12 horas y el resto deberá tener garantizada la operatividad durante un mínimo de cuatro horas. “En el caso de una red móvil, estas cuatro horas deben mantener la cobertura al 85% de la población. Cada operador establecerá una estrategia en la que podrá priorizar unas tecnologías sobre otras (voz sobre datos, por ejemplo) o instalaciones que considere conveniente en función a su vinculación a la prestación de servicios públicos y servicios de relevancia económica y social”, ha remarcado la cartera que dirige Óscar López.
El proyecto normativo también se centra en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia dirigidas a los centros del 112 y alertas públicas que también estará obligados a presentar sus propios planes de seguridad.
“Con el fin de disponer de información fidedigna en el menor tiempo posible, se refuerzan las obligaciones de notificación de incidentes. Así, se prevé que haya una notificación inicial como máximo una hora después de comenzar el suceso, notificaciones intermedias periódicas, una notificación final y un informe detallado posterior que analice las causas, el impacto, las medidas adoptadas y lecciones aprendidas”, ha detallado Transformación Digital.
Además, se definen criterios para clasificar incidentes como “significativos” o “menores” en función del número de usuarios afectados, la duración, el área geográfica y el tipo de servicio.
