El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes una subvención directa de 180 millones para las comunidades autónomas que apliquen la ley de vivienda. Es la primera vez que la administración central reparte fondos exclusivamente entre los territorios que hayan declarado zonas de mercado tensionadas. Las ayudas servirán para financiar nuevas promociones de vivienda asequible o para adquirir inmuebles.
Los 180 millones se repartirán entre las cinco autonomías que aplican la ley de Vivienda: Catalunya, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias. El resto no recibirán fondos. La ley estatal de vivienda habilita, en su artículo 18, al Gobierno a repartir estas ayudas. Dicho artículo establece que la declaración de mercado tensionado tiene que ir acompañada por un plan de actuación para incrementar la oferta de vivienda asequible y revertir el estado de estrés residencial. El competente de ese plan de actuación es el Ministerio de Vivienda, que podría adoptar “medidas de financiación específicas para ese ámbito territorial que pudieran favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta”, según establece la norma.
Por tanto, los 180 millones se repartirán entre los 317 municipios que han declarado zonas de mercado residencial tensionado en función de la población a la que afecta la ley. En total, 9,3 millones de personas viven en localidades catalogadas como tensionadas. Catalunya será, por tanto, la comunidad que más fondos recibirán. Entre los 271 municipios catalanes se repartirán 119,4 millones.
Le sigue Euskadi, que ha declarado 18 municipios como tensionados. El Gobierno vasco recibirán 31 millones. El de Navarra, por su parte, donde hay 21 municipios donde se han intervenido los precios, percibirán 13, 3 millones. Galicia ha declarado a A Coruña y Santiago como lugares con precios elevados y tendrá una ayuda de 10,2 millones. Por último, Asturias, con 5 municipios tensionados, recibirá 5,9 millones.
Con estas subvenciones directas, las comunidades autónomas podrán impulsar la promoción y la rehabilitación de viviendas para alquiler asequible. También podrán adquirir suelo o nuevos inmuebles para destinar esos activos a la ampliación del parque de alquiler social. Asimismo, esta ayuda también podrá servir para sufragar la cobertura por impago de contratos de arrendamiento de viviendas incluido en el último real decreto-ley aprobado en la Diputación Permanente del Congreso.
Alojamientos para universitarios
El Consejo de Ministros también ha aprobado en su reunión de hoy otra subvención directa de 45 millones para impulsar los alojamientos asequibles para la comunidad universitaria. Siete entidades recibirán esta ayuda: la Universidad Autónoma de Madrid (13,3 millones), la Universidad de Castilla-La Mancha (8,1 millones), la Universidad Pablo de Olavide (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,9 millones), la Universitat Jaume I de Castelló (4,5 millones), la Universidad de Jaén (3,5 millones) y la Universidad de Lleida (2,9 millones).
El objetivo de estas ayudas es ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador; facilitar la movilidad académica; y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias. El Gobierno prevé que creará 2.000 alojamientos con estas subvenciones.
Ampliación de la pensión de viudedad
El Gobierno también ha ampliado hoy la pensión de viudedad para parejas con hijos sin vínculo legal. Lo ha hecho a través de un real decreto-ley, que tendrá que someterse a convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, en el que también se contempla que los progenitores con hijos con enfermedades graves o cáncer podrán percibir la prestación, conocida como CUME, más allá de los 26 años cuando el afectado tenga una discapacidad superior al 65% o un grado 3 de dependencia. También se mejora la protección en situaciones de patologías derivadas de la menopausia, de violencia machista y de catástrofes como incendios o temporales.
De esta forma, en lo referente a la mejora de la pensión por viudedad, las parejas que tengan hijos, aún no estando casadas ni formando una pareja de hecho, podrán acceder a una pensión de viudedad si acreditan haber convivido de forma ininterrumpida durante al menos dos años.
Nuevas ayudas al campo para fertilizantes
Aunque no formaba parte del orden del día del Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas aprovechó su comparecencia en la rueda de prensa para realizar un anuncio adicional sobre la conferencia sectorial que mantendrá mañana con los consejeros y consejeras de Agricultura de las comunidades autónomas.
En dicha reunión se acordará la transferencia de 50,1 millones de euros, una partida obtenida directamente de la Reserva de Crisis de la Comisión Europea. El ministro calificó esta intervención de “interesante y oportuna”, subrayando que su objetivo principal es contribuir a frenar el incremento en los costes de los insumos que vienen soportando los agricultores y ganaderos en su producción.
Estas ayudas se enmarcan en el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo y las alteraciones del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, que han presionado al alza los precios de los combustibles y los fertilizantes. Entre las principales actuaciones destaca la línea de ayudas para la compra de fertilizantes, que pasó de 500 a 665 millones de euros, así como las subvenciones al gasóleo agrícola, con una compensación de hasta 20 céntimos por litro. El objetivo ha sido reducir el impacto del encarecimiento de los insumos sobre los costes de producción de agricultores y ganaderos.
El ministro ha informado en la rueda sobre la adopción de dos acuerdos en el Consejo de Ministros para respaldar al sector primario. El primero consiste en un decreto para complementar el Seguro Agrario Combinado tras los incendios acaecidos en 2026, que afectaron a unas 270.000 hectáreas en España, 60.000 de ellas de terreno agrario. Para afrontar estos daños, el Gobierno eleva la subvención de la prima del seguro al límite máximo europeo del 70%, tras haber aportado ya 344,4 millones de euros este año, y habilita una partida máxima de 9 millones de euros para compensar las pérdidas correspondientes a las franquicias no indemnizadas.
La segunda medida aprobada autoriza la transferencia de 19,1 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar la sanidad animal. Planas destacó que factores como el cambio climático y la globalización comercial incrementan la vulnerabilidad sanitaria, por lo que los fondos se destinarán a combatir la tuberculosis bovina, la dermatosis nodular, la gripe aviar y a la vacunación contra la lengua azul. Asimismo, el ministro enfatizó el impacto directo de estas actuaciones veterinarias en el consumo ciudadano, señalando que los brotes de gripe aviar inciden de forma inmediata en los precios de alimentos básicos como la carne de pollo o los huevos

