El Gobierno no aportará financiación para vivienda a las comunidades autónomas que no blinden de forma permanente el parque público que vayan a construir o rehabilitar, bien sea para la compraventa o para el alquiler. O, dicho de otro modo, los gobiernos autonómicos sólo podrán acceder a recursos estatales si protegen para siempre las viviendas que promuevan. Es una de las cuestiones que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, trasladó este miércoles por carta a sus homólogos autonómicos y que serán uno de los temas de debate en la Conferencia de Presidentes de mañana en Barcelona.
España tiene un serio déficit de vivienda pública que apenas alcanza el 3,4% del parque, muy lejos del porcentaje de otros países de la UE y de la media comunitaria del 8%. No es que las administraciones no hayan construido durante los últimos años viviendas protegidas, que sí lo han hecho. El problema es que hasta 2,4 millones de esos inmuebles han sido desprotegidos y, por tanto, han pasado al mercado libre, disparando su precio. El Gobierno no tiene competencias para actuar sobre la protección de una vivienda pero, tras consultarlo con la Abogacía del Estado, sí que ha concluido que puede condicionar recursos estatales al blindaje ‘sine die’ del parque público. Y es lo que hará a partir del próximo 1 de enero.
Así, las viviendas que se construirán con recursos del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tendrán que tener la calificación de protegida permanente, tanto en alquiler como en venta. El Gobierno afirma que con ello se podrá conseguir que las viviendas no se vendan a precios muy superiores a los que compraron y que se genere un parque de alquiler asequible para que lo puedan utilizar las próximas generaciones. En resumen, que el esfuerzo público no sólo lo utilicen los actuales inquilinos o compradores de una vivienda protegida, sino que pueda llegar a más familias y jóvenes en el futuro.
En el fondo, la condicionalidad de los recursos es un intento de obligar a las comunidades autónomas a que blinden de forma permanente su parque público de vivienda. La filosofía que promueve el Gobierno es: si se quieren recibir los recursos públicos esas viviendas tienen que estar blindadas de forma permanente, si no se blindan no recibirán los recursos del Estado, exponen las mismas fuentes. En este momento, cuatro comunidades autónomas tienen recogido en su legislación el blindaje permanente del parque público: Catalunya, Baleares, Euskadi y Navarra (las dos últimas no tienen acceso al Plan Estatal de Vivienda al no ser comunidades de régimen común). El resto no lo contemplan.
El Gobierno explica que para blindar la vivienda protegida y acceder a los recursos del Plan Estatal no será necesario modificar la legislación autonómica. Bastaría, añaden, con que dicho blindaje esté contemplado en los proyectos de las distintas promociones que se pongan en marcha.
El blindaje para siempre del parque de vivienda público ya se incluyó en la ley estatal de Vivienda. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sentenció que se trata de una competencia autonómica sobre la que el Estado no puede actuar. Sin embargo, el Gobierno sí que tiene claro que los recursos estatales sí pueden condicionarse.
Otro de los puntos recogidos en la misiva remitida por Sánchez a los presidentes autonómicos hace referencia a los recursos del próximo Plan Estatal de Vivienda. El actual finaliza el 31 de diciembre y, de cara al próximo vademécum en políticas de vivienda, el Gobierno quiere triplicar la financiación. Para ello solicita que las comunidades autónomas pasen de una 25% de aportación al plan al 40%, hasta 2.700 millones. Ya hay territorios que superan ese porcentaje. El Ejecutivo afirma que el objetivo es que las autonomías hagan un esfuerzo mayor en políticas de vivienda, ya que es su competencia. Moncloa ha analizado la cofinanciación para vivienda en otros países descentralizados, como Alemania, Bélgica o Austria, y la conclusión es que en ellos las administraciones regionales aportan mayor parte de los recursos. El Estado, por su parte, está dispuesto a pasar de una aportación de 1.700 millones al Plan Estatal de Vivienda a 4.000 millones.
