El Gobierno ha optado por intervenir de nuevo en el mercado del alquiler ante el deterioro del contexto económico derivado de la guerra en Irán. El real decreto-ley aprobado ayer y publicado en el BOE este sábado introduce dos medidas de aplicación inmediata: la limitación de las subidas de las rentas y la prórroga obligatoria de contratos. Así, el Ejecutivo fija un tope del 2% a la actualización anual de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2027. En la práctica, esto significa que, aunque el contrato contemple una revisión ligada Índice de referencia de arrendamientos de vivienda, el incremento no podrá superar ese umbral en ausencia de acuerdo entre las partes. En el caso de los grandes tenedores, además, ese límite será de aplicación obligatoria incluso si hay negociación.
En el caso de los pequeños tenedores, propietario e inquilino tendrán libertad para pactar la actualización de la renta. Ahora bien, si no llegan a un acuerdo, ésta estará limitada también al 2%.
El BOE incluye también la prórroga automática de los contratos de alquiler por dos años más que venzan en ese mismo periodo comprendido entre el 2026 y el 2027. En concreto, los inquilinos cuyos contratos finalicen antes de finales de 2027 podrán solicitar una extensión de hasta dos años adicionales, en las mismas condiciones que el contrato vigente. El arrendador estará obligado a aceptarla salvo en supuestos acreditados, como la necesidad de recuperar la vivienda para uso propio o la firma de un nuevo contrato entre las partes con condiciones distintas. El real decreto incluido en el BOE de hoy estable que la aplicación comenzará al día siguiente de su publicación. Por lo tanto, los contratos que venzan mañana ya deberían prorrogarse automáticamente y limitarse su tope al 2% con las condiciones establecidas.
Este nuevo límite a las rentas es muy parecido al índice máximo de subidas de los alquileres que publica cada mes el INE y que en el mes de febrero se situó en el 2,16%.
En el Real Decreto el Gobierno justifica la medida por el “país se encuentra inmerso en una crisis de vivienda que podría agravarse sustancialmente como consecuencia de la guerra de Irán”. El Ejecutivo añade que “el Banco Central Europeo prevé que la guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía” y destaca que “es necesario activar medidas preventivas que aporten estabilidad y seguridad económica a las familias desde estadios iniciales”. También considera que “esta situación se agrava por la negativa de muchas comunidades autónomas a declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado y con ello a aplicar las medidas de control de precios y de prórroga de contratos previstas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda”.
Real Decreto
El “país se encuentra inmerso en una crisis de vivienda que podría agravarse sustancialmente como consecuencia de la guerra de Irán”
La conclusión del Gobierno es que “resulta necesario tomar medidas extraordinarias y urgentes para evitar que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares”.
El texto también pone el foco en el calendario. En los próximos meses expira un volumen significativo de contratos firmados en los últimos años, lo que, en ausencia de intervención, podría traducirse en revisiones al alza. La situación es distinta en Catalunya, donde el 90% de la población vive en zonas declaradas como tensionadas y por lo tanto ya existen limitaciones de renda. Otras comunidades, como País Vasco o Galicia, han declarado zonas tensionadas en algunos municipios. Catalunya es, sin embargo, la comunidad autónoma donde el tope de rentas se aplica de manera más extensa.
Estas nuevas medidas en vivienda que acaba de publicar el BOE han vuelto a enfrentar a los partidos que forman el Gobierno. Sumar exigía el tope de rentas y la prórroga de los contratos, algo que el PSOE no acababa de ver claro. La tensión escaló en la reunión del Consejo de Ministros de esta semana, con un plante del partido de Yolanda Díaz que paralizó la reunión durante dos horas. Finalmente la parte socialista del Ejecutivo aceptó estas peticiones y el decreto ha salido adelante.
