La Generalitat Valenciana pedirá al Gobierno que active el Mecanismo RED para el sector de la cerámica, de gran implantación en la provincia de Castellón, ante el impacto que ya se está viviendo por la guerra en Irán y que está registrando los primeros ERTE en las empresas azulejeras. La propuesta del Consell es complementar con 180 euros mensuales a los trabajadores afectados en una medida que estima supone una inversión de 2 millones de euros para las arcas valencianas y que exige, principalmente, que los Ministerios de Trabajo, Hacienda y Seguridad Social se pongan de acuerdo. “Si vemos que el Gobierno no activa ese mecanismo buscaremos otros porque ese dinero lo tenemos comprometido para eso”, ha explicado este viernes el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha presentado esta medida y otras 26 ante sindicatos y patronal en una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat.
“Si vemos que el Gobierno no activa ese mecanismo buscaremos otros porque ese dinero lo tenemos comprometido para eso”
El documento, que incluye medidas centradas en el impacto del conflicto de Oriente Medio en las familias, el sector productivo y en la coordinación y el diálogo institucional, lista 27 medidas que se traducen en una inversión de 421 millones de euros por parte del gobierno valenciano. Entre ellas, consta los 100 millones de la nueva línea de financiación bonificada por el IVF que el president ya anunció la semana pasada en su reunión con los mismos interlocutores en el marco del Observatorio de la industria. Es la medida más cuantiosa de las que propone el ejecutivo valenciano, que también destinará 49,3 millones a reorientar el programa Inpyme para fortalecer la base productiva y la autonomía de la industria.
Otras, de impacto más rápido en la economía doméstica, son la congelación de las tarifas de toda la red de transporte público de la Generalitat Valenciana, valorada en 12,3 millones de euros o la transferencia extraordinaria a los ayuntamientos para sufragar ayudas de urgencia social -alimentación y pago de suministros- cuantificada en 10 millones de euros.
Patronal y sindicatos remitirán un escrito a Hacienda para que apruebe el crédito dana pendiente, valorado en 1.300 millones
Las medidas las ha presentado en una reunión de la Mesa de Diálogo Social en la que han participado el presidente de CEV, Vicente Lafuente; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García y el secretario general de UGT-PV, Constantino Calero, quienes han valorado positivamente la iniciativa del Consell y se han comprometido a estudiar exhaustivamente las medidas, algunas de las cuales recogen sus propias peticiones. “Tenemos una hoja de ruta con tal de que el impacto tenga las menos consecuencias posibles”, ha valorado Calero.
Por su parte, el presidente de la CEV ha incorporado la idea de pedir al Ministerio de Hacienda el crédito dana pendiente, valorado en 1.300 millones de euros, cuya propuesta se hará a través de un escrito, firmado también por los sindicatos, para que “agilice esta situación”. Recientemente el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, recriminó a la ya exministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que dejara su cartera para ser candidata a las elecciones andaluzas sin aprobar este crédito pendiente para la Comunidad Valenciana.
