El Gobierno vasco ha alcanzado un principio de acuerdo con Testa Residencial, sociedad vinculada al fondo de inversión estadounidense Blackstone, para adquirir por 100 millones de euros el derecho de superficie sobre 510 viviendas protegidas del barrio donostiarra de Benta Berri.
La operación permitirá mantener de manera permanente su calificación como viviendas de protección pública y despejar la incertidumbre de los inquilinos, que temían perder sus pisos ante el próximo vencimiento de los contratos de alquiler y el fin del periodo de protección, previsto para noviembre de 2028.
El Ejecutivo vasco ha indicado que es la primera vez que se realiza en España una operación de este tipo, que ha sido acogida con satisfacción por los vecinos de estas viviendas, con alrededor de 1.700 residentes.
El acuerdo contempla un desembolso de unos 196.000 euros por vivienda
El acuerdo, anunciado este miércoles por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, contempla un desembolso de unos 196.000 euros por vivienda, con ese gasto total de 100 millones, 30 de ellos aportados por el Ministerio de Vivienda.
“Se trata de un acuerdo histórico”, ha indicado Itxaso. El consejero ha señalado que, gracias a la operación, estas familias van a poder continuar viviendo en un barrio en el que en muchos casos residen desde hace 30 años. Lo harán, como hasta ahora, abonando rentas de entre 600 y 1.000 euros al mes.
El Ejecutivo vasco ya es propietario del suelo sobre el que se levantan los inmuebles, mientras que Testa es titular del derecho de superficie, vigente hasta 2069. Con la operación, el Gobierno vasco pretende reunir bajo una misma titularidad pública tanto el suelo como las viviendas y garantizará su destino al alquiler protegido.
La adquisición permitirá, además, incorporar estos 510 pisos al parque público de alquiler en San Sebastián, la ciudad con los precios inmobiliarios más elevados de Euskadi. El principio de acuerdo establece expresamente que los inmuebles mantendrán de forma permanente su calificación como viviendas de protección pública. Es decir, pasan a ser protegidas a perpetuidad, en contraposición con el régimen de protección actual, que vence en dos años.
En Euskadi, el modelo de viviendas públicas a perpetuidad se empezó a implementar desde 2003, con el objetivo de no despatrimonializar el parque público de vivienda.
40 familias habían recibido la comunicación de que sus contratos de alquiler no se iban a renovar
El origen de la problemática de las viviendas de Benta Berri se remonta a 1994, cuando el Gobierno vasco adjudicó a una unión temporal de empresas formada por Metrovacesa y Vallehermoso la promoción de estas viviendas.
Para acometer la construcción, el Ejecutivo cedió a ambas compañías el derecho de superficie sobre unos terrenos públicos durante 75 años, hasta 2069. Los pisos fueron adjudicados a sus primeros inquilinos en 1998, en régimen de alquiler protegido y con una calificación pública de 30 años.
Los inmuebles acabaron posteriormente bajo el control de Testa, vinculada a Blackstone. A comienzos de este año, cerca de 40 inquilinos recibieron comunicaciones anunciando que sus contratos de alquiler no serían renovados.
La situación desencadenó una movilización vecinal, articulada en torno a la asociación Alokairu y respaldada por colectivos como Stop Desahucios, que reclamaban una solución global para garantizar la continuidad de las familias que vivían de alquiler en estas viviendas.
El principio de acuerdo anunciado ahora permitirá mantener los alquileres protegidos más allá de 2028 y evitar que las viviendas pasen al mercado libre. La operación supone, además, una ampliación significativa del parque público de alquiler en la capital guipuzcoana.
