En pleno rumbo de colisión con Junts per Catalunya, Pedro Sánchez giró el timón y evitó el choque, el pasado 24 de septiembre, al retirar una senda de estabilidad presupuestaria abocada al fracaso por la falta de apoyo de la formación de Carles Puigdemont. El motivo del volantazo fue que el presidente del Gobierno atisbó “una oportunidad para la negociación” con JxCat que podría salvar unos presupuestos generales del Estado para el 2025, los primeros de la legislatura en curso, que blindarían la estabilidad de su actual mandato.
Y el pasado jueves, Sánchez también sorteó la ruptura con Junts, al evitar vetar su propuesta para someterse a una cuestión de confianza. La Mesa del Congreso pospuso de nuevo la calificación de la iniciativa para su tramitación. El motivo es el mismo: dejar la puerta abierta, con la impresión de que hay margen de acuerdo, por mucho que Puigdemont eleve el listón como hizo el viernes.
El Gobierno, ya obligado a arrancar el 2025 con otra prórroga presupuestaria, no renuncia a aprobar las cuentas públicas de este año, pese a la dificultad del empeño. “Renunciar no se renuncia a nada”, asegura a La Vanguardia un ministro socialista. Alcanzar tan elevada cumbre para blindar la estabilidad y poder agotar la legislatura en el 2027, sostienen algunos en el Ejecutivo, sí podría justificar, si se encarrila un pacto presupuestario con Junts, una reunión entre Sánchez y Puigdemont, con los efectos balsámicos de una amnistía política en espera de la judicial.
Sánchez dejó la puerta abierta, sin tumbar la cuestión de confianza, con la vista puesta en las cuentas públicas
Pese a la disposición manifestada por Sánchez, aún se reserva el paso y no se prevé inminente. Pero el PSOE ya se prepara para celebrar una nueva cita en Suiza con Junts, según urgió Puigdemont, donde evaluar el cumplimiento de los pactos. Y son taxativos: “Este Gobierno cumple sus acuerdos”.
La ley de Amnistía, las propias reuniones mensuales en Suiza con un “verificador internacional”, el uso del catalán en los plenos del Congreso, las comisiones de investigación sobre la operación Catalunya y los atentados del 17-A, con la desclasificación de documentos reservados del CNI, son algunos de los compromisos ya cumplidos que esgrime el Ejecutivo en este primer año de legislatura. Además, entre los pactos alcanzados están los nombramientos de Miquel Calçada en RTVE y de Pere Soler en la CNMC.
Ante las quejas de que arrastran los pies, en el Gobierno alegan la dificultad de muchos de estos empeños: “Unos cuestan más que otros”. Y sangre, sudor y lágrimas, efectivamente, le costó al Gobierno sacar adelante el principal acuerdo suscrito entre Santos Cerdán y Jordi Turull, el 9 de noviembre del 2023 en Bruselas, para encarrilar la nueva investidura de Sánchez: la ley de Amnistía. El PSOE registró en solitario la proposición de ley el 13 de noviembre, y el Congreso aprobó la norma, por mayoría absoluta de 177 votos, el 31 de mayo del 2024. Se publicó en el BOE el 10 de junio y entró en vigor al día siguiente. Aunque todavía no ha alcanzado al propio Puigdemont. “Muchas cosas no dependen exclusivamente del Gobierno. Hay muchos actores en juego, por ejemplo los tribunales”, alegan en el Gobierno. “Pero nosotros hemos cumplido”, zanjan.
El jefe del Ejecutivo se reserva una reunión con Puigdemont que pudiera encarrilar un pacto presupuestario
Durante la ardua tramitación de esta norma, que implicó un gran desgaste para el PSOE, se produjo un episodio que Sánchez no olvida. Fue cuando, el 30 de enero del 2024, Junts le asestó un duro golpe al tumbar la iniciativa en el Congreso por no ver aceptadas sus enmiendas para tratar de garantizar la extensión de la amnistía a todos los afectados. Hubo que reabrir unas extenuantes negociaciones, que finalmente acabaron llegando a buen puerto, pese a la demora extra que provocó la decisión de los de Puigdemont. Pero el episodio dejó heridas.
Y justo antes de aquel choque, Junts impuso otro acuerdo al Gobierno para facilitar la aprobación de los primeros decretos de la legislatura, que contenían un escudo anticrisis. El nuevo pacto contemplaba la delegación a la Generalitat de las competencias de inmigración mediante el artículo 150.2 de la Constitución. Estas complejas negociaciones siguen abiertas, y son las que Junts quiere cerrar antes de pasar a otra pantalla.
Los socialistas resaltan la amnistía, el catalán en el Congreso o los documentos del CNI como pactos cumplidos
Otro de los acuerdos entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez, ante las “profundas discrepancias” entre ambas formaciones, fue la constitución de un foro de diálogo, con un verificador internacional, que articulara el diálogo y el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. Y la negociación, entre otras cuestiones, de un modelo de financiación “singular” para Catalunya, también acordado entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa. Por lo pronto, Sánchez comprometió para este enero una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde impulsar una quita de deuda autonómica de la que Catalunya sería la principal beneficiaria.Y en cuanto al reconocimiento del catalán en la Unión Europea, Sánchez fue explícito el pasado martes, al fijarlo como una de sus “principales prioridades políticas” para el 2025.
