El Gobierno cree que la imputación del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y de otros dos directivos por la venta, sin pedir la autorización necesaria, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), pone en peligro el rescate de Talgo. El empresario vasco formaba parte de la solución industrial para adquirir el fabricante de trenes junto a la SEPI y al Gobierno vasco. Sin embargo, la decisión de la Audiencia Nacional puede hacer naufragar unas negociaciones que estaban siendo complejas.
Fuentes del Gobierno aseguran que, tras la imputación de Jainaga, la operación para rescatar a Talgo no tendría recorrido y que habría que buscar otra solución. A la espera de que Hacienda y Transportes, los dos ministerios implicados en la operación junto a Moncloa, puedan tomar decisiones, el auto del juez Francisco de Jorge supone un varapalo en unas negociaciones que se encaraban su fase final.
El juez de la Audiencia Nacional investiga a Jainaga y los directivos de Sidenor por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio. El motivo es la citada venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI). Hay que recordar que el Gobierno ha podido convalidar en el Congreso de los Diputados el embargo de armas a Israel.
El magistrado sostiene que la compañía vendía el acero “con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento”.
Sidenor, a través de un comunicado publicado a mediodía de este viernes, asegura haber puesto “el tema en manos de sus abogados y seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado, a quien le dará toda la información que obre en su poder”. La compañía añade que “el pasado 1 de julio Sidenor hizo pública su decisión de suspender todas las relaciones comerciales con Israel”. Fuentes de Sidenor explican que esa suspensión de relaciones comerciales se hizo “antes del embargo declarado por Gobierno de España el pasado 23 de septiembre”.
Sidenor asegura que el 1 de julio hizo pública su decisión de suspender todas las relaciones comerciales con Israel
Jainaga y Sidenor fueron la opción nacional para adquirir Talgo después del veto del Gobierno a la compañía de capital húngaro Ganz-MaVag, que llegó a lanzar una opa. La compañía vasca reclamó que los gobiernos español y vasco también participarán, a través de sus brazos industriales, en la operación.
Sin embargo, el Ejecutivo español mostró reticencias iniciales a la operación, que estuvo cerca de naufragar. La presión del PNV motivó que el Gobierno central girase y ofreciera la participación de la SEPI en la operación.
La presión del PNV motivó que el Gobierno central girase y ofreciera la participación de la SEPI en la operación sobre Talgo
Así, el pasado verano, el Consejo de Ministros aprobó la inversión de la SEPI en Talgo por 75 millones de euros en total, entre los 45 millones de ampliación de capital y los 30 millones de deuda convertible en acciones. La sociedad pública estatal controlaría el 7,9% del capital.
Las fuentes consultadas aseguran que las negociaciones para cerrar la operación no marchaban por un buen camino incluso antes de conocerse la imputación de Jainaga.
