El Govern de la Generalitat remarca en un informe sobre el estado de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos de Catalunya, al que ha tenido acceso este diario, que estos organismos deben cumplir con lo que estipula la ley que los regula, el libro tercero del código civil catalán. En esa normativa se marcan los requisitos para formar parte del patronato de una fundación: tener capacidad plena, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos o para administrar bienes y no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad.
Además, en ese documento, se apuesta por elaborar un código ético y de buenas prácticas para garantizar que haya mayor transparencia en estos entes, si bien la adhesión al mismo será voluntaria. Por otra parte, se recuerda que las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos, además de tener que estar identificadas en un censo, están “sometidas a especiales obligaciones de transparencia, superiores al resto de entidades privadas”. En ese censo, que se elaboró en el 2015, no consta la Fundación Demòcrates de Catalunya (FunDem), que se creó y registró más adelante, en el 2017, y ahora pasará a ser el think tank de Junts tras la unión de las dos organizaciones políticas.
Este informe es la respuesta del Ejecutivo catalán a la situación de Raül Romeva, que hasta esta semana presidía la Fundación Irla, asociada a Esquerra Republicana. En enero de este año se inscribió al dirigente independentista en el registro que controla la administración catalana a pesar de que su inhabilitación por el procés y el referéndum del 1-O le impedía estar en el patronato de una fundación y, por tanto, ocupar la presidencia. Romeva no cumplía los requisitos legales del código civil catalán puesto que está inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos hasta el 2030.
“Las fundaciones vinculadas a partidos políticos, en tanto que personas jurídicas privadas, si ejercen sus funciones mayoritariamente en Catalunya se someten al libro tercero del Código Civil de Catalunya, sin que se contemple en este Código ningún régimen especial regulador por el hecho de estar vinculadas a un partido político”, subraya el informe del Departament de Justícia, en el que no se valora de forma directa el caso de Romeva pero sí da a entender que no cumplía los requisitos para formar parte del patronato cuando se analiza la situación de la Fundación Irla. Es en ese punto del documento, que consta de cinco páginas, en el que se apunta que las personas inhabilitadas o condenadas por un delito de falsedad no pueden estar en el patronato de una fundación.
El documento ha trascendido después de que el exconseller republicano presentara su dimisión, aunque seguirá vinculado a la fundación de ERC como portavoz mientras no pueda ocupar la presidencia por su situación judicial, mientras la ley de Amnnistía no tenga efecto para él. Fuentes de la fundación aseguran que no hubo ninguna comunicación oficial del Departament de Justícia, quien tiene bajo su tutela las fundaciones y quien controla el registro, si bien sí ha habido algún que otro contacto informal.
Todo este asunto incumbe también a JxCat y a la expresidenta del partido, Laura Borràs, que en teoría, tras el congreso que celebraron los posconvergentes en octubre, iba a encabezar la nueva fundación de la organización posconvergente, FunDem. Sin embargo, su situación judicial, aunque su condena no es firme, deja ese escenario en el aire o provocará que tenga un rol distinto al de la presidencia.
Borràs está inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos aunque sí puede ejercer de profesora con su plaza de funcionaria del Estado. A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso, pesa sobre ella una condena por un delito de falsedad. El Alto Tribunal tiene su caso sobre la mesa desde hace casi dos años y aún no se ha pronunciado.
En estas últimas semanas, según fuentes consultadas, Borràs ha trabajado codo con codo con los dirigentes de la fundación pero no se le ha incluido en el patronato. En lo que se ha trabajado es en la modificación de los estatutos, con un cambio mínimo para que FunDem pase a ser el órgano de pensamiento del partido de Carles Puigdemont.
