Este es un hueso duro de roer, con el que no ha podido ningún presidente de la Generalitat. La reforma de la administración pública es la gran tarea pendiente de los sucesivos gobiernos, un proyecto complejo y de envergadura, que hasta ahora siempre ha topado con diversos obstáculos. También la falta de valentía política. Pero la situación ya es crítica y esta estructura colosal al servicio del ciudadano debe actualizarse, ingresar de lleno en el siglo XXI, para dar respuesta a las necesidades sociales y económicas del país. En lo más cotidiano, tiene que poder hacerse un trámite sin acabar atrapado en una telaraña de burocracia.
Salvador Illa ha incorporado esa reforma como uno de los proyectos estrella del plan de gobierno. Se han tomado ya los primeros acuerdos, y habrá medidas a medio y largo plazo, pero también un plan de choque con actuaciones urgentes para demostrar que va en serio.
En unos meses se habrán simplificado 32 trámites, entre ellos los 11 que causan más dificultades
“La administración pública es un regulador del sistema, debemos garantizar los servicios públicos y la seguridad jurídica, pero no nos podemos convertir en una losa para la creatividad y las energías del país. Tenemos que reducir toda la carga burocrática que podamos, no puede ser que cueste siete meses sacar adelante un proyecto de vivienda, ¡pasamos más tiempo moviendo papeles que la excavadora haciendo un edificio!”, asegura el conseller de Presidència, Albert Dalmau, de quien depende la función pública.
La simplificación administrativa es solo uno de los objetivos en los que se trabaja, pero la Generalitat ha hecho un primer encargo de reformar 32 trámites, entre ellos los once con mayor impacto en la ciudadanía, y el resto del ámbito de la empresa y de la agricultura, que Dalmau prevé que estén listos antes del verano.
Junto a este rediseño de procedimientos administrativos, se ha creado un espacio de reflexión colectiva para una reforma de fondo. Desde octubre, una comisión de 68 expertos, que preside el catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración Carles Ramió, está elaborando propuestas en doce ámbitos prioritarios muy variados, entre ellos consolidar un empleo público de calidad, la digitalización integral de la Administración, la garantía de atención presencial al ciudadano o la simplificación del lenguaje administrativo para que sea comprensible. La comisión, que trabaja en doce grupos, uno para cada objetivo, entregará su informe en septiembre.
El núcleo de la reforma es una renovación del modelo de empleo público y el modelo de organización, unido a una nueva dirección pública profesional, detalla Ramió, pero como algunos de estos asuntos son complicados por el trámite legislativo y la preparación, la comisión está también pensada para dar resultados muy a corto plazo. “Lo llamamos pruebas de vida, porque ha habido diversos intentos que no han podido aplicarse, y esto de hacer una comisión y decir que se hará una reforma ya nadie se lo cree”, asegura.
Un grupo de 68 expertos trabaja en una reforma de calado en 12 ámbitos prioritarios
Una de estas pruebas de vida es una regulación urgente de la dirección pública profesional, una reclamación del sector desde hace más de tres décadas y que tienen todos los países avanzados, subraya Ramió. El cambio afectará a los cargos de libre designación, unos 450, que se nombran a dedo cada vez que cambia el gobierno –direcciones y subdirecciones generales– y cuya elección deberá ser por criterios de mérito.
La idea es despolitizar este nivel y dar estabilidad a los directivos técnicos, lo que se traducirá en mejor calidad institucional. “Los gobiernos podremos cambiar a un director, pero tendremos que hacerlo con un procedimiento y unos criterios de selección fijados”, subraya Dalmau.
Una segunda medida inmediata es cambiar los sistemas de selección de los empleados públicos. Seguirá siendo por mérito, pero no memorístico, sino de evaluación de competencias. Y una tercera, un proyecto de ley de simplificación administrativa, en el que trabaja un equipo de juristas para, en el plazo de un mes, hacer más sencillos y fluidos todos los trámites que se pueda.
También de forma rápida se puede mejorar la atención al ciudadano. Dalmau pone como ejemplo la eliminación de la cita previa obligatoria. En el plano digital se unificarán en un portal todos los dominios web de la Generalitat. Y si hay que cambiar normativa o plataformas tecnológicas, que requiere más tiempo, se dispondrán medidas paliativas como oficinas para la atención presencial y ayuda en los trámites digitales.
Una medida inmediata será cambiar los sistemas de selección de los empleados públicos: seguirá siendo por mérito, pero no memorístico, sino de evaluación de competencias
Para dar un marco estable a estas reformas rápidas, habrá que aprobar leyes. Ahí el Govern necesitará apoyos en el Parlament y deberá emplearse a fondo en la negociación.
Otro frente de reforma es la transformación digital, con la automatización de procesos y la entrada de la inteligencia artificial, que requerirán una movilidad horizontal de los trabajadores: desempeñar tareas distintas, sin cambiar la categoría. “Nadie perderá el empleo por la automatización de sus tareas y podrá dedicarse a otras que generan más valor, pero deberá hacer el esfuerzo de reciclarse. Hará falta gente flexible y polivalente”, constata Ramió.
Algunos cambios en la Administración, especialmente relativos al personal, serán lentos. Hay que negociar con los sindicatos. “Hay funciones que podrán hacer las máquinas. Necesitaremos a las personas ubicadas en los servicios finalistas, como personal sanitario o de enseñanza, mossos y puestos de atención al público”, subraya Dalmau.
Y no es todo. A medio y largo plazo, señala el conseller, hay que abordar cuestiones de fondo como la crisis climática y el envejecimiento de la población. Factores que ya cambian de forma radical cómo se están concibiendo los servicios públicosE
