Antes de finalizar el 2025, el president Salvador Illa hizo balance de su primer año completo de gobierno y auguraba un prometedor 2026 gracias a tres proyectos: la financiación singular, los presupuestos y Rodalies. Con ellos, el Ejecutivo catalán prevé afianzar una obra de gobierno que en poco más de un año presenta avances, pero también asignaturas pendientes.
De hecho, el Govern ha publicado un balance de ejecución de su plan de gobierno en el que concluye que ha desplegado ya, en mayor o menor medida, el 38,56% de las 250 medidas diseñadas, un dato difícilmente verificable. En el balance, el Ejecutivo admite mayor desempeño en lo que llama “prosperidad compartida” (reindustrialización, empresa, formación universitaria, FP, empleo y vivienda); en seguridad y servicios públicos, y en igualdad y bienestar. Pero un reciente informe de Economia para captar inversiones señala déficits en educación, renovables y seguridad.
Cotejando la situación actual de Catalunya con la del 2023 –último año en que se aprobaron los presupuestos–, se corroboran avances y que queda tarea por hacer.
Transición energética. La transición energética es la gran asignatura pendiente. En el 2023, Catalunya registró un gran crecimiento en autoconsumo fotovoltaico. La energía eólica también creció y se consolidó como la primera fuente renovable en producción, superando a la hidroeléctrica por primera vez. Pero en el 2025, Catalunya solo ha instalado un 0,5% de las renovables que comenzaron a operar en el Estado, y, si se compara con otras regiones, el fracaso es más evidente.
Catalunya debe multiplicar por cinco su capacidad instalada de renovables para llegar al objetivo de cubrir el 50% de la demanda eléctrica en el 2030. Urge desbloquear proyectos paralizados, mejorar la planificación territorial y agilizar trámites administrativos.
Otro objetivo es elevar la recogida selectiva de residuos. En el 2023 alcanzó el 46%, la cifra más alta hasta la fecha, y a finales del 2024 llegó al 47,1%, aún lejos del 55% fijado por la UE.
El Govern admite que las infraestructuras de movilidad sostenible y la protección de la biodiversidad requieren de mayor impulso, pero presume de haber cumplido el 44% de sus medidas para que el sector agroalimentario resista el cambio climático.
Vivienda, industria, empresa y formación. La vivienda es un eje central de la acción del Ejecutivo socialista, que ha aprobado normas de calado (la regulación de los alquileres de temporada), planes para construir más de 100.000 viviendas protegidas a medio plazo, y ha adquirido 2.000 pisos de InmoCaixa. Según Illa, “Catalunya gana 8,5 pisos de protección al día”, pero solventar el problema requiere tiempo y, de nuevo, agilizar trámites administrativos.
La industria catalana sigue teniendo grandes retos. El porcentaje del sector en el valor añadido bruto de Catalunya sigue a la baja. En el 2021 era del 20,3%, y en el 2024, del 18,8%. Para frenar la caída, el Govern ha aprobado ayudas por 61 millones de euros, la mayor que se ha dado nunca en Catalunya, superando los 46 millones que anunció el anterior Govern.
Para favorecer al sector, la formación profesional es crucial. En julio, la preinscripción registró un máximo histórico de 81.479 plazas asignadas entre ciclos de grado medio y superior, un 18% más en solo dos cursos. Y en la formación universitaria se han bajado los precios: de los 18,46 euros por crédito en grados y másters habilitantes del 2023, a los 17,69 euros para el curso 2025-2026.
Equidad social y bienestar. En el ámbito de los servicios sociales, el reto es mejorar el alto riesgo de pobreza o exclusión (tasa Arope), que si bien mejoró medio punto en el 2024 (hasta el 24%), en el caso de la pobreza infantil sigue siendo un desafío significativo (es del 30%). El Govern señala el acceso a la vivienda como antídoto.
Otros retos son mejorar los servicios de dependencia, guarderías y sanidad. En dependencia, Catalunya tiene un monumental desafío: habilitar 80.000 plazas residenciales hasta el 2035 para evitar el colapso, pero el Govern no ha superado el ritmo del ejecutivo de ERC. Los socialistas quieren crear más de 3.000 plazas públicas para mayores, incluyendo 1.626 residenciales, cifras parecidas a las planteadas en el 2023.
En educación, el Govern afronta la amenaza de huelga de los docentes y el reto de mejorar los resultados PISA, que siguen a la cola de España. La etapa 2-3 años (P2) en centros públicos ya es gratuita y hay planes para extenderla y lograr la gratuidad total en el 2027, incluyendo centros privados. De momento, el Govern actúa como el anterior, abriendo más plazas que se antojan insuficientes. Educació señaló en mayo que trabaja en una ley para universalizar la gratuidad, sin novedades.
En sanidad destaca el objetivo declarado de que en el 2028 el 90% de las consultas en atención primaria se atiendan en menos de 48 horas, pero cada año registra un desfase de gasto para el que busca elevar su presupuesto del 5,7% al 7% del PIB. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en el 2023, el 87,7% de las citas en Catalunya superaban el plazo de 48 horas, y el CIS fija ahora el nivel en el 78% en España.
Justicia, seguridad y servicios. La delincuencia en Catalunya presenta una evolución dual. Si bien la criminalidad convencional y los homicidios descienden con fuerza, la ciberdelincuencia, el narcotráfico y los delitos sexuales aumentan. El Govern sostiene que su estrategia de “colaboración” con el Estado ha favorecido acuerdos bilaterales para mejorar la seguridad. El aumento de la plantilla de los Mossos d’Esquadra en torno a 1.000-1.500 agentes al año, con el objetivo de llegar a los 25.000 en el 2030, es el ejemplo paradigmático.
También la agilización de la justicia para paliar la multirreincidencia muestra signos de mejora evidentes. Los juicios rápidos en Barcelona por delitos que comportan penas de hasta cinco años de cárcel han pasado de celebrarse en 18 meses a hacerlo en 45 días gracias a cuatro nuevos órganos judiciales con seis jueces, pero aún dista de cumplirse con la ley, que establece que deben celebrarse en 15 días. Hace una semana, Illa prometió 23 millones hasta el 2029 para financiar la justicia gratuita.
Autogobierno y financiación. La financiación singular es uno de los pilares de la legislatura y presentará novedades a principios de este año. El nuevo modelo, exportable al resto de territorios, debe ofrecer más recursos (unos 4.000 millones) y nuevas competencias tributarias. A este cambio se unirá la quita de 17.100 millones de la deuda pública –supera los 87.000 millones–, aunque no evitará la alta dependencia del FLA.
El Govern incluye aquí el fomento del catalán, cuyo uso social desciende desde hace años. Para ello, dotó con 255 millones de euros el Pacte Nacional per la Llengua firmado con ERC y Comuns, y aprobó en marzo una inversión extraordinaria de 8,8 millones para elevar un 25% las plazas de los cursos de catalán del primer trimestre del 2026. También ha elevado un 42% el presupuesto para cursos de catalán en el exterior.
La oposición critica a Illa por sus anuncios y la falta de avances palpables. En el Govern alegan que en el 2025 “se han asentando las bases de una transformación importante” y que “también hay cosas concretas”, como la ampliación del aeropuerto, la B-40, la gigafactoría de IA de Móra la Nova, las mejoras viarias, el tranvía y el fórum de la justicia de Tarragona, el hospital Joan XXIII, el de Vilanova o el Trueta de Girona. Proyectos que tardarán en ver la luz.
El plan legislativo del Govern también se ha quedado a medias. De las 47 iniciativas previstas (16 anteproyectos de ley y 31 proyectos de decreto), se han aprobado 31 (25 decretos ley y 6 proyectos de ley). Aun así, los datos muestran una actividad legislativa prolífica en solo un año comparado con legislaturas anteriores.
