En una reunión en la sede del Departament de Territori entre los responsables de la conselleria y los grupos parlamentarios de PSC, ERC, Comuns y la CUP se firmó este martes el acuerdo para regular los alquileres de viviendas de temporada y prorrogar el plazo de las cerca de 8.000 de protección oficial cuyo carácter social está a punto de caducar.
El acuerdo permitirá al Govern convalidar hoy en el Parlament el decreto sobre vivienda y urbanismo –que modifica cinco normas y deroga otra, todas ellas en materia de vivienda– para ser tramitado como proyecto de ley, lo que permitirá introducir los cambios acordados en el texto.
La entente permite al Ejecutivo catalán salvar el trámite parlamentario de un decreto clave para los socios de investidura de Salvador Illa, en especial para ERC y los Comuns, que este martes valoraban el “acuerdo de máximos” alcanzado, e incluso atraer a los anticapitalistas, que hasta la fecha se habían mostrado muy críticos con el Govern de Illa.
Todo arrendamiento para uso residencial, con independencia de su duración, estará sujeto al límite de precios
A grandes rasgos el pacto incorpora dos grandes novedades. Por una parte, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, y por otra, la prórroga de la vivienda de protección oficial, pero también hay otras novedades, como la definición de grandes tenedores, donde también se incluirán las personas físicas.
En cuanto al alquiler de temporada, la regulación se hace a partir de la finalidad. Si la ley de Arrendamientos Urbanos lo define como aquel que tiene un fin recreativo o turístico, en la norma catalana se aplica esta definición, de manera que todo el resto de viviendas que se usa como residencia, sea cual sea la durabilidad del contrato, se considerará alquiler residencial y, por tanto, está sujeto a los derechos y deberes correspondientes, como la limitación de los precios o que no se puedan cobrar los gastos de gestión a los inquilinos.
Catalunya extenderá la protección con fecha de caducidad de viviendas públicas mediante el uso de la declaración de zonas tensionadas
El alquiler de habitaciones tendrá el mismo marco, de manera que la suma de los precios de las habitaciones que se alquilen no podrán exceder el límite que debería cumplir esa vivienda si se hubiera alquilado unitariamente, sin ser fraccionada. Además, los ayuntamientos también podrán decidir a partir del plan urbanístico, si quieren o no quieren tener alquileres de temporada en su municipio y cuántos.
En el caso de la prórroga de las viviendas de protección oficial se ha acordado usar la declaración de las denominadas zonas tensionadas, que permite la regulación de los precios, para extender en ellas la condición social de las viviendas que estaban protegidas. Esta prórroga estará vigente solo, mientras se mantenga la declaración de zona tensionada pero fuentes implicadas en el acuerdo dan por hecho que en 2027, cuando finaliza esta declaración seguramente se tendrá que prorrogar porque difícilmente se habrá “acabado la emergencia habitacional”.
Este mecanismo permite que las empresas o personas que tengan vivienda públicas deberán seguir manteniendo las condiciones propias de este tipo de vivienda, como precios más bajos que las del libre mercado o la compra por parte de personas inscritas en el registro de solicitantes de viviendas públicas, lo cual cierra el paso a la compra por parte de fondos buitres.
El Govern convalidará el decreto para agilizar la contratación pública sin tener que tramitarlo como proyecto de ley
Además de estos dos grandes novedades, el acuerdo permitirá modificar la regulación del registro de grandes tenedores, donde hasta la fecha solo estaban obligados a inscribirse las personas jurídicas. Ahora también lo tendrán que hacer las personas físicas. El Govern aún no ha puesto en marcha este registro que se antoja como la herramienta fundamental para aplicar el impuesto de transmisiones patrimoniales, cuyo incremento al 20% se pactó recientemente con los Comuns.
Junto a este decreto, el Govern convalidará este miércoles otro, este sin necesidad de tramitación como proyecto de ley, el de medidas urgentes para agilizar la contratación pública, y dejará para más adelante el de campings en zonas inundables. De esta forma, el Govern de Illa va salvando obstáculos con sus socios de investidura y se fija en el horizonte aprobar un nuevo incremento de crédito de 1.800 millones de euros
