El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, prometió en el último debate de política general impulsar la construcción de 214.000 pisos en Catalunya, la mitad de ellos, de protección oficial. Ahora, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque ha puesto cifras a lo que costaría promover esas 100.000 viviendas públicas. Así, estima que se tendrán que movilizar unos 8.000 millones de euros con el mismo sistema con el que se está ejecutando en el plan 50.000. Es decir, mediante financiación a través del Institut Català de Finances (ICF) que asegure una rentabilidad para el promotor de entre el 4% y el 6%.
El Institut Català del Sòl (Incasòl) jugará un papel decisivo para levantar el paquete de vivienda protegida y centralizará el planteamiento urbanístico. “La administración actuará directamente, aunque de forma concertada con los municipios”, ha detallado Paneque desde el Parlament.
El objetivo es transformar suelo situado en zonas de alta demanda de vivienda y tener los solares listos hacia el 2030 para proceder a la construcción. A partir de entonces, se podría empezar a producir la vivienda. Por ahora, ya se han identificado 179 sectores que se encuentran en diversos estadios del trámite urbanístico, con potencial para edificar el conjunto de 214.000 viviendas. Será Territori el que impulsará directamente la transformación de suelo en solares a través del Incasòl, que tendrá un 15% de los derechos edificables de las promociones. De los 100.000 pisos públicos, está previsto que la mitad se destinen a alquiler. El resto de 114.000 unidades corresponderá a vivienda libre.
Está previsto que el Consell Executiu de la semana que viene apruebe este nuevo plan, con la creación de una oficina que centralizará su ejecución, equipada con 12 técnicos. Para ello, es clave la aprobación este jueves de la ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, que permitirá reducir el tiempo de algunos trámites urbanísticos. Además, el Govern contempla variar criterios de edificabilidad, un mayor número de unidades por bloque, allí donde sea posible. Así, los nuevos planeamientos tendrán un promedio de 50 viviendas por hectárea. Se trata, en todo caso, de un plan a medio plazo que la Generalitat considera prioritario para paliar la escasez de vivienda que sufre Catalunya.
El 60% de las 179 áreas identificadas se encuentran en Barcelona y el área metropolitana. En concreto, 107 se sitúan en Barcelona, el área metropolitana y el arco circundante -que incluye localidades como Sabadell, Terrassa, Granollers o Igualada-. En el Camp de Tarragona se han preseleccionado 22 áreas con suelo urbanizable y en las Terres de Ponent, 12 más. En las comarcas gerundenses y en el Penedès se han identificado 8 sectores y el Alt Pirineu y Aran 7. Por último, se han detectado 5 zonas en las Terres de l’Ebre.
Esta iniciativa es paralela al plan de 50.000 viviendas sociales que puso en marcha el govern hace ya más de un año. Durante la primera quincena de enero se publicarán las primeras convocatorias con cuatro agrupaciones de solares de entre 400 y 500 viviendas cada una.
